Lucia Morett va por ti

Carta de Jorge Morett, padre de Lucía Morett, a Rafael Correa a proósito de la segunda solicitud de extradición a ese país a México.
México, D. F. a 25 de enero de 2010
Economista Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la
República del Ecuador
PRESENTE.

CARTA ABIERTA.

Con el debido respeto quiero expresarle lo siguiente. Durante los tres años que ha dirigido a su país seguramente la invasión militar del 1 de marzo de 2008 ha sido uno de los temas más conflictivos que ha tenido que enfrentar, debido entre otras causas a que:
1) La deliberada agresión del gobierno colombiano, que contó con el apoyo de la mayor potencia militar del mundo, lo obligó a usted a hacer una firme defensa de la soberanía de Ecuador al tiempo que evitaba la provocación de la guerra.
2) En un contexto difícil por el conflicto geopolítico originado con los bombardeos, usted obtuvo del Sistema Interamericano apoyo para lograr el respeto a la integridad territorial para su patria, dadas las graves violaciones cometidas por el gobierno de Colombia.
3) Por el bien de la nación y su futuro, Ecuador requiere conocer lo sucedido, saber cómo se planeó el ataque, quiénes lo realizaron y cuáles fueron las complicidades que favorecieron la invasión. En este terreno los grandes intereses en juego han empañado y distorsionado la realidad.

Hoy lamentablemente los resultados no son alentadores para la justicia y la verdad:
1) El sistema judicial de su país retiró las órdenes de aprehensión contra los militares colombianos responsables del ataque, limitando incluso la acción de la justicia internacional. Los señores Juan Manuel Santos, Freddy Padilla y otros más podrán impunemente visitar al Ecuador que invadieron, bombardearon y donde cometieron crímenes de lesa humanidad.
2) Se mantiene el llamamiento a juicio y la solicitud de extradición de las tres sobrevivientes y testigos de los bombardeos acusadas de “atentar contra la seguridad interna de Estado”. Sobre ellas, que fueron víctimas de intento de homicidio, de lesiones, amenazas, torturas y violación a sus derechos humanos, recae la incomprensible acción de la justicia ecuatoriana.
3) La Comisión de Transparencia y Verdad Angostura entregó un informe parcial y con grandes omisiones, que más que aclarar lo sucedido encuentra culpables en Ecuador, se olvida de la masacre y las violaciones al derecho internacional y humanitario cometidas por Colombia. Esa Comisión guardó silencio en muchos temas e incluso se desentendió de las pruebas que le aportamos en descargo de mi hija Lucía Morett y que abrían nuevas líneas de investigación.

Ante las incongruencias judiciales con las que se disculpa a los agresores y se persigue a las víctimas, se violentan el debido proceso y el derecho internacional, quiero otra vez apelar ante usted como representante del Estado ecuatoriano, para que sean las razones y la verdad las que imperen, y no las posiciones de fuerza que han llevado a que de nueva cuenta Ecuador solicite la extradición de Lucía.

Por encima de mi condición de padre convencido que Lucía no cometió delito alguno, que existen injusticias y una persecución política en su contra, quiero aportarle más elementos además del material audiovisual que le entregué el 10 de agosto pasado y que es la prueba de la tortura que en Lago Agrio sufrió Lucía a manos de personal de inteligencia militar de su país y cuya conducta contrastó con la ejemplar atención humanitaria que tuvo de otros uniformados, autoridades y pueblo ecuatoriano.

Como lo señaló el defensor público en Lago Agrio que representó a Lucía, el proceso por el cual se solicita su extradición nunca debió establecerse ya que con él se coloca a las víctimas y ofendidas como supuestas agresoras. Además se violó la Constitución ecuatoriana, el derecho humanitario y los acuerdos internacionales contra de la tortura, como se muestra en los siguientes materiales:
1. Audiencia de Preliminar de la instrucción Fiscal No. 126-2008-JTPS, del proceso seguido a Lucia y las otras sobrevivientes del ataque a Angostura. En ella el defensor público, Robert Intriago, impugna el juicio, destacando que no hay elementos para presumir delito alguno, mucho menos la responsabilidad de los cargos imputados; que no estaba debidamente motivada la causa, que no hay eficacia aprobatoria ni el proceso reúne las condiciones exigidas en la Constitución ecuatoriana y, más grave aún, que se tomaron en cuenta pruebas violando la misma, como fueron las declaraciones arrancadas bajo tortura. Que el procesamiento es injusto y atentatorio a los derechos de las acusadas y que, al igual que Ecuador, ellas fueron víctimas
2. Declaración juramentada de Lucía Morett Álvarez del 15 de abril de 2008 ante el notario público Décimo Sexto de Quito, en el que narra la tortura a la que fue sometida por miembros del ejército ecuatoriano mientras simulaban atenderla medicamente y le retiraban, sin anestesia, esquirlas de su cuerpo, la interrogaban y filmaban contra su voluntad (incluso sin ropa), sin la presencia de defensor alguno o la asistencia consular a la que tenía derecho. Como recordará, ese material fue ocultado e incluso difundido en el extranjero antes que en Ecuador.
3. Carta de Lucía Morett al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la que pide que “en apego a la verdad histórica de los hechos y a la justicia, realicen una revisión de la causa judicial que en su patria se sigue en mi contra…No hay evidencia que demuestre que infringí la Ley y por el contrario soy víctima de gravísimas violaciones a mis derechos humanos y testigo de la manera en que el ejército y la policía colombiana atacaron la soberanía de Ecuador… Categóricamente les expreso, no atenté ni he atentado contra la seguridad interna de Ecuador ni de país alguno”.
4. Oficio del 13 de julio de 2009 dirigido a Fander Falconi, Ministro de Relaciones Exteriores, por el Diputado mexicano, Armando Barreiro Pérez, en el que señala que “para muchos mexicanos la decisión de Ecuador de procesar a las víctimas nos resulta incomprensible, ajena a la verdad histórica de los hechos y contraria a la justicia…Estamos convencidos que un día se hará justicia a Lucía y los estudiantes asesinados en suelo ecuatoriano y que los responsables de violar la soberanía de su patria enfrentarán el proceso ante la historia y los tribunales internacionales”.
5. Oficio del Ministro de Justicia de Ecuador pidiendo al Defensor del Pueblo que se investiguen probables violaciones a los derechos humanos de Lucía por personal militar ecuatoriano.
6. Le informo que Lucía ha presentado en la UNAM la tesis “Colombia, una revolución para el teatro y un teatro para la revolución” lo que muestra el trabajo de investigación que realizaba.

Le pido a usted como representante del Estado ecuatoriano, que en apego a la verdad, a la justicia y al ejercicio de los derechos humanos, promueva ante el poder judicial de su país el desistimiento del proceso en contra de Lucía Morett y permita que esta joven pueda restablecer su vida normalmente.

Quedo de usted, atentamente.

Dr. Jorge Morett Sánchez.

c.c.p. Embajador Galo Galarza. Embajador de la República del Ecuador en México.
c.c.p. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Quito.
c.c.p. Lic. Hugo Rosas de León Comisión de Derechos Humanos Senado de la República. México.
c.c.p. Medios de comunicación.

Por: José Enrique González Ruiz

Ante las presiones políticas,
en poco quedan los principios jurídicos.

Un magistrado Terco.
El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, doctor José Vicente Troya Jaramillo, manifiesta un inexplicable afán persecutorio contra Lucía Andrea Morett Álvarez, víctima del infame bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos, ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Porque insiste en solicitar su extradición a la nación andina, bajo la acusación de haber cometido un delito contra la seguridad interior del Estado (ecuatoriano) previsto en su Código Penal, artículo 147, que establece:

El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y multa se ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Para que una persona pueda ser sancionada en aplicación de ese precepto legal, deben probarse plenamente los siguientes hechos:

1.- La persona acusada promovió, dirigió o participó (tres hipótesis distintas: promover, dirigir y participar) en grupos guerrilleros, o comandos, o grupos de combate o células terroristas.

2.- Tales grupos deben estar destinados a: I.- subvertir el orden público. 2.-sustituir la fuerza pública. 3.- Atacar la fuerza pública. 4.- o interferir el normal desempeño de la fuerza pública. Obviamente, por ser una ley del Ecuador, se refiere al orden y la fuerza pública ecuatorianos.

3.- Son factores agravantes de estas conductas: 1.- Ejecutar los hechos con armas. 2.- Realizarlos obedeciendo instrucciones foráneas. 3.- O recibir apoyo o auxilio económico, o propiciar cualquiera intervención del extranjero.

El magistrado Troya reiteró al gobierno de México su petición de que extradite a la ciudadana mexicana, en resolución del 30 de octubre del 2009, en la que da respuesta a una serie de requerimientos que le hicieron las autoridades mexicanas.

Los principales requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Una primera solicitud de extradición fue presentada por el presidente de la Corte ecuatoriana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno de México, requirió a la solicitante una serie de precisiones. Las más importantes son:

a) El delito por el cuál se reclama a Lucía Morett; b) un extracto de los hechos que constituyeron las conductas delictivas por las que es requerida; c) las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ilícito; ch) cómo fue que Lucía Morett participó en el ilícito, de tal forma que puso en riesgo la seguridad interna del estado ecuatoriano; d) si se trató de un atentado contra la seguridad interna del Estado o se produjo una lesión a la misma; e) si el delito que se imputa a Morett se considera político; y f) la razón por la que se validó la información contenida en la computadora que el ejército de Colombia dice haber recogido del Campamento de las FARC, cuando el Informe Forense de Interpol señaló “que el acceso a los datos contenidos en las pruebas que fueron entregadas a la Dirección de Investigación Criminal de Colombia ‘no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la Ley’, por tanto no puede tomarse como evidencia para pretender acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos que se le atribuyen”.

Como puede verse, el cuestionamiento fue a fondo: abarcó desde los hechos base de la acusación, hasta la validez de las pruebas que aparecen en el expediente, pasando por la tipificación del ilícito imputado. Y es que el gobierno mexicano sabe perfectamente que Lucía Morett es víctima del bombardeo criminal que se realizó el 1 de marzo del 2008, en el cual fueron asesinadas 25 personas, entre ellas el comandante de las FARC Raúl Reyes y cuatro jóvenes de nacionalidad mexicana. El único hecho comprobado es que la estudiante de la UNAM se encontraba en el sitio.

Más adelante nos referimos en concreto a la pregunta que consideramos clave, referente a las acciones de las FARC.

Las respuestas del presidente de la Corte de Ecuador.
Desaprovechando la oportunidad que le dieron las autoridades mexicanas de enmendar los errores que cometió en su primera solicitud, el doctor Troya respondió con vaguedades y reiteraciones.

1.- Respecto a la acusación concreta, simplemente transcribió el artículo 147 del Código Penal. Pero no precisó cuál de las hipótesis de ese precepto es la aplicable al caso, pues omitió decir si considera a las FARC un grupo guerrillero, u comando, un grupo de combate o una célula terrorista. Tampoco precisó si ese organismo está destinado a subvertir el orden público ecuatoriano, o a sustituir, atacar o interferir el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana.

2.- En cuanto al extracto de los hechos que se le solicitó, lo único que hizo fue una transcripción de un acta que existe en el expediente, en la que se dice que “…En el lugar de los hechos se encontraron (sic) a Lucía Andrea Morett Álvarez, Doris Bohórquez o Doris Johana Torres Bohórquez y Martha Pérez, que por la gravedad de sus heridas fueron trasladadas al hospital militar de la ciudad de Quito, quienes manifestaron que se encontraban dentro del campamento de las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo’ (FARC-EP cuando se produjo el bombardeo”.

De modo que si se hubiesen encontrado en el lugar a alguna de las personas que realizaban gestiones de intermediación de las FARC con el gobierno de Colombia, para conseguir la paz, como la senadora Piedad Córdoba, también la hubiesen criminalizado.

Lo cierto es que no se cumplió lo pedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no se hizo un extracto de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de participar en hechos tendientes a subvertir el orden público ecuatoriano, o a atacar, sustituir o interferir en el normal desempeño de su fuerza pública.

3.- Tampoco se definieron las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que imputan a Lucía Morett, ya que no se dijo concreta y específicamente qué hizo para participar con un grupo cuyo destino es subvertir el orden público ecuatoriano, o atacar, sustituir o interferir en el normal funcionamiento de la fuerza pública ecuatoriana. Se limitó el doctor Troya a detallar una serie de documentos que aparecen en el expediente y luego concluir de forma ilógica que “la requerida ) o sea Lucía) participó porque se encontraba en el campamento irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Como si alguien que se encontrara en un cementerio pudiese legalmente ser considerado muerto.

4.- No precisa el doctor Troya en qué consistió la conducta de Lucía Morett que pudiera llevar a decir que participó en el grupo denominado FARC, de modo que es imposible concluir que se actualiza el tipo penal del artículo 147 del Código Penal. Se refugia el doctor Troya en lo dicho por el Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos y pretende justificar su actuación afirmando que es su obligación pedir la extradición.

Realmente, la obligación de la Corte y de su presidente, era estudiar a fondo si lo que le solicitó el citado Juez se ajusta con plenitud a los términos del Tratado de Extradición que su país tiene celebrado con México. Asuntos de tanta relevancia no pueden ser tratados con tal superficialidad, sobre todo que está pidiendo a México que extradite a una mexicana.

Su único “argumento” es que: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares (¿cuáles, cuántos?) en el cual se encontraba la reclamada”. De manera que para el presidente del más alto tribunal del Ecuador, estar en un lugar convierte a la persona en delincuente, como si estar en un rastro convirtiera a las personas en matanceros.

Para acusar a Lucía Morett de participar en un grupo que se proponía subvertir el orden público ecuatoriano, o sustituir a su fuerza pública, o atacarla, o interferir en su normal desempeño, es indispensable que se pruebe (y no que se suponga o se sospeche) que realizó actos u omisiones que lleven a la conclusión de que tales eran sus propósitos. Nada de esto existe en el caso; estamos ante una mera fabulación, impropia de una Tribunal de Derecho y de su presidente.

5.- Al referirse a la pregunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de si se trató de una tentativa o de un ilícito consumado, el doctor Troya contestó que se trata de un delito de acción pública, pero de nuevo omitió probar que Lucía Morett lo cometió. Y es que, ciertamente, ante tanta ambigüedad de la solicitud de extradición, cabe la duda de la índole de la acusación. Y en materia penal no hay sitio para la duda; los hechos tienen que estar perfectamente tipificados y comprobados.

Tal vez lo ambiguo del escrito se deba a que no hay manera de probar que Lucía Morett cometió el ilícito que le están imputando, y por eso sus acusadores se quedan en el mundo de las vaguedades: “la requerida participó, porque se la encontró en el campamento…”

6.- Para el doctor Troya, no es político el delito que se atribuye a Lucía Morett porque “la presencia de grupos irregulares afectan (sic) la seguridad interna del país”.

Incluso dando por bueno ese argumento, ¿qué relación directa tiene eso con Lucía Morett? Como dice Rodrigo Trujillo Orbe, asesor jurídico miembro de la INREDH, “La sola presencia de la misma –Lucía- en el campamento que fue bombardeado no demuestra absolutamente nada, sino que fue una víctima de los bombardeos”.

Para cualquier analista medianamente informado, Lucía Morett es acusada de un delito político, lo que se evidencia por el hecho de que está incluido en el capítulo de los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado” del Código Penal. Imposible ocultar tanta verdad.

7.- Y la validación de los datos “encontrados” en la computadora milagrosa que tenía Raúl Reyes en el campamento bombardeado, tampoco es tratada por el doctor Troya, quien responde con una leguleyada: “…no fue enviado –el informe forense de la INTERPOL- para acreditar la presunta responsabilidad de la reclamada en los hechos sino para evidenciar la existencia de los mismos”. Si alguien entiende, que por favor nos aclare.

El cuestionamiento esencial.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo a Ecuador una pregunta clave: el grupo denominado FARC ¿está destinado a subvertir el orden público, sustituir la fuerza pública, atacarla, interferir su normal desempeño? La respuesta es indispensable para “determinar si se actualiza o no el tipo penal”. Y pos supuesto que para responder sí a alguna de esas hipótesis, se tiene que acreditar que las FARC quiere poner en riesgo al Estado ecuatoriano y no a algún otro.

La contestación no podía ser más elusiva: “se trataba de un campamento militar de grupos irregulares en el cual se encontraba la reclamada…”. De modo que si una gavilla de robavacas se establece en algún sitio, para el doctor Troya se pone en peligro la seguridad interna del Estado ecuatoriano.
En conclusión, a la luz de un estudio imparcial, queda claro que la solicitud de extradición de Lucía Morett Álvarez que formuló la Corte Nacional de Justicia de Ecuador carece totalmente de sustento. Se basa en un hecho que nunca ha sido cuestionado: que la mexicana se encontraba en el campamento de las FARC el día 1 de marzo del 2008, cuando ocurrió un bombardeó genocida ordenado por el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho, que es el único comprobado, no constituye ningún delito, ni mucho menos contra el Estado ecuatoriano.

Lo que existe es un persistente afán persecutorio por parte del presidente de ese órgano jurisdiccional, que no encuentra apoyo en precepto jurídico ninguno, ni del orden interno de Ecuador, ni de la Jurisprudencia Internacional.

Y como no cabe suponer ingenuidad en autoridades de la jerarquía del presidente de una Corte nacional, tiene uno derecho a concluir que existe la intención deliberada de continuar aprovechando este caso para adquirir prestigio, para colocarse en el escenario internacional o para mantener presión sobre una víctima de la agresión de Uribe.

Por ello, el gobierno de México debe declarar improcedente tal solicitud, en estricto cumplimiento al Tratado de Extradición que tiene celebrado con Ecuador, lo mismo que a los Principios Universales del Derecho. También está obligado a reclamar ante los tribunales internacionales, el castigo a los culpables de la matanza a mansalva de cuatro intelectuales mexicanos en plena formación: Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Vázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles.

¡ALTO a la violencia contra LUCÍA MORETT!
¡No a su extradición a Ecuador o Colombia!
¡Respeto a sus Derechos Humanos!

En la jornada internacional contra la violencia hacia las mujeres levantamos nuestra voz para denunciar la situación que padece Lucía Morett Álvarez, egresada de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien luego de sobrevivir y ser testigo del ilegal ataque del gobierno de Álvaro Uribe a Ecuador, ha sido sometida a la violencia del Estado colombiano que solicitó a la INTERPOL su detención; a la persecución política del poder judicial de Ecuador que pide su extradición; a las denuncias de los yunquistas que pretenden encarcelarla y a la falta de apoyo de nuestro gobierno que no ha cumplido con su papel de proteger a los connacionales, con lo que se violan sus derechos humanos y le impiden su vida normal

Desde la masacre del 1 de marzo de 2008, en la que mediante un ataque nocturno, con bombas de fragmentación, disparos desde helicópteros y en tierra, fueron cruelmente asesinadas 25 personas, cuatro familiares nuestros: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Soren Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, Lucía ha enfrentado constantes ataques para evitar que pueda testificar ante Cortes Internacionales por los crímenes cometidos y las lesiones y tortura que sufrió. Lucía, y los estudiantes mexicanos víctimas del terrorismo de Estado colombiano, han sido criminalizados por su forma de pensar y su compromiso con la investigación y los procesos sociales de América Latina. Ellos no cometieron ningún delito pero irresponsablemente se les juzga y se les lincha de terroristas por los medios que protegen a los asesinos.

A Lucía como sobreviviente se le han fincado procesos judiciales amañados tanto en México, Colombia y Ecuador, con los que, mediante el poder y la fuerza, se invierten los papeles y se violentan sus derechos. Basta de la persecución política y la violencia contra Lucía Morett. Castigo a Álvaro Uribe y a los demás genocidas.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

En el marco de las jornadas de activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres se llevarán a cabo diez funciones de MUJERES DE ARENA, obra teatral que aborda el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez Chihuahua y en la que participaba LUCÍA MORETT. La función del viernes 27 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras estará de dedicada a ella por sus compañeras de elenco.

La cita es en el Teatro F. Wagner del áera de teatros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria a las 19: 30 hrs.

La serie de funciones corre a cargo de la agrupación El Otro Teatro y está dirigida por Claudia Aguirre con el siguiente calendario:

• Miércoles 25 de noviembre
Instituto Técnico de Formación Policial. Camino al Desierto de los Leones # 5715, Olivar de los Padres. Deleg. Álvaro Obregón.
16:00 hrs.

• Jueves 26 de noviembre
Faro Milpa Alta.
Ubicado en Av. Dr. Gastón Melo Num. 40. San Antonio Tecomitl.
18:00 hrs.

• Viernes 27 de noviembre
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Auditorio F. Wagner
19:30 hrs.
Función dedicada a Lucía Andrea Morett.

• Domingo 29 de noviembre.
Alameda Central, Dr. Mora
13:00 hrs.

• Martes 1 de diciembre
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora y Av. Hidalgo
19:30 hrs.

• Miércoles 2 de diciembre UAPVIF
Parque Huayamilpas (Rey Nezahualcoyotl, esq. Yaquis, Col. Huayamilpas). Delegación Coyoacan.
16:00 hrs.

• Viernes 4 de diciembre.
Faro Indios Verdes.
Av. Huitzilíhuitl núm. 51, Col. Santa Isabel Tola
17:00 hrs.

• Sábado 5 de diciembre
Faro Tláhuac (ubicado en el interior del Bosque de Tláhuac).
Av. de la Turba s/n esq. Heriberto Castillo. Col. Miguel Hidalgo. Del. Tláhuac.
15:00 hrs.

• Martes 8 de diciembre.
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora y Av. Hidalgo
19:30 hrs.

• Jueves 10 de diciembre
Faro de Oriente.
Calzada. Zaragoza s/n Col. Fuentes de Zaragoza,
entre metros Acatitla y Peñon Viejo.
16:00 hrs.

Por este medio, hacemos una invitación a visitar las ofrendas dedicadas a los estudiantes Juan González del Castillo, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, insataladas en Ciudad Universitaria:

* En el aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras. Habrá actividades culturales e informativas y será retirada el martes 3 de noviembre.

* En Las Islas de Ciudad Universitaria. Se desarrollará una jornada de inormación y distribución de materiales.

Enseguida reproducimos una nota difundida por la agencia Associan Press cuyo contenido resulta importante y revelador para la situación de Lucía Morett y la búsqueda de justicia por la masacre ocurrida en Sucumbíos, Ecuador el 1 de marzo de 2008. Al final de la misma agregaremos algunos comentarios.

2 de octubre de 2009, 07:27 PM

QUITO (AP) - La Corte Nacional de Justicia requirió más documentación antes de calificar si amerita pedir la extradición del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, acusado en Ecuador por el ataque a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.

“Solicité el pedido de extradición hace unos 15 días y no existe plazo para que se pronuncie la Corte”, afirmó el viernes a la AP Francisco Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, donde se ventila el caso.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, manifestó en rueda de prensa que recibió una solicitud “bastante sencilla” por parte de Revelo, “que no tiene todos los requisitos y documentos necesarios”, para la extradición.
Afirmó que le pidió al juez que “complete la información necesaria” porque es “un asunto complejo… no es un asunto de un día para el otro”.
Consultado por el plazo requerido para responder si procede el pedido de extradición, respondió que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”.
En Bogotá, el presidente Alvaro Uribe, al ser consultado por la determinación del juez ecuatoriano, aseguró que su gobierno tiene “toda la determinación en la protección de nuestros funcionarios, de nuestro ex ministro de Defensa”.
Agregó que cualquiera de sus funcionarios recibirá la misma garantía y respaldo.
En el caso de que la Corte Nacional de Justicia considere que amerita pedir una solicitud formal de extradición, según el proceso regular, debe ser trasmitido a la Cancillería, que a su vez debe presentarlo ante Colombia.
Santos fungía como ministro de Defensa de Colombia cuando se dio la incursión de militares de su país sobre suelo ecuatoriano en marzo del 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como protesta por la operación, Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá.
El pedido de extradición se da en momentos en que los dos países mantienen un proceso de diálogo para buscar mecanismos que permitan reanudar las relaciones.
En ese marco, Colombia ha expresado su irrestricto respaldo a Santos y ha desconocido la “extraterritorialidad” de la justicia ecuatoriana.
Contra Santos existe en Ecuador un pedido de prisión emitido a finales de junio por un juez que investiga la incursión colombiana.
La fiscalía lo acusa de delitos contra la vida por las 25 muertes registradas en el hecho, incluida la del comandante de las FARC Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Revelo señaló en entrevista telefónica que envió el pedido porque “el fiscal encontró indicios de responsabilidad. Luego en la formulación de cargos se ordenó la prisión y como él es colombiano”, entonces procedía el pedido.
Con base a la orden de prisión, las autoridades ecuatorianas solicitaron a Interpol ubicar a Santos, pero esa oficina se negó a hacerlo aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar.

De lo publicado podemos resaltar que:

1. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el Dr. Vicente Troya, quien al amparo de la facultad que tiene, resolvió solicitar la extradición de Lucía Morett, hoy está poniendo en duda si existen elementos para solicitar a Colombia la extradición de su exministro de Justicia, Juan Manuel Santos, al decir que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”. Extraña mucho esa actitud toda vez que es pública y confesa la responsabilidad y el papel protagónico de Santos en el ataque a Sucumbíos del 1 de marzo de 2008.
2. ¿A qué se debe que el Presidente de la Corte haya resueltamente decidido procesar a Lucía por su sola presencia en el lugar del bombardeo y no tenga la certeza de solicitar la extradición del exministro Santos quien dirigió el ataque militar contra Ecuador?
3. ¿Qué justicia puede haber en perseguir a quienes, como Lucía, claramente han sido víctimas de actos criminales y dejar de procesar a los ejecutores de los mismos?
4. Resulta de un cinismo grotesco la justificación del presidente Álvaro Uribe de no aceptar la “extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana”, a la que le niega capacidad para juzgar a Juan Manuel Santos; mientras que él, por un lado, ha insistido en señalar como legítima la invasión a Ecuador y, por otro, estableció en su país, sin fundamentos verídicos, un proceso judicial contra Lucía Morett, que aplica, a su vez, criterios de extraterritorialidad, los cuales se han extendido hasta gestionar ante la INTERPOL la detención de Lucía.
5. La respuesta del Presidente de la Corte nos hace ver que en los procesos judiciales, por encima de las leyes y el estado de derecho, se imponen relaciones de fuerza e intereses políticos. No resultaría extraño que la actitud del funcionario ecuatoriano estuviera influida por el hecho de que el acaudalado ex ministro Juan Manuel Santos será el candidato de Álvaro Uribe para la presidencia de no conseguir éste la reforma constitucional para su reelección.
6. Por otra parte, la nota refiere la negativa que INTERPOL emitió ante la solicitud ecuatoriana de captura contra el ex ministro Santos, “aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar”. El mismo precepto ha sido violado en el caso de la estudiante mexicana Lucía Morett al aprobar la INTERPOL una ficha roja en su contra, siendo que existen abundantes elementos que demuestran que se trata de un asunto eminentemente político.

* A principios de junio se pidió a Interpol revocar la ficha roja, dice defensor de la estudiante *

* La máxima casa de estudios ha hecho lo que le correspondía en el caso, expresa Narro Robles *

Por: Ángeles Cruz y Emir Olivares

Publicado en La Jornada, sección Política, 3 de octubre 2009

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló que, si existen pruebas que involucren a la estudiante Lucía Morett en algún ilícito, que se presenten o, de lo contrario, que su situación se aclare debidamente.

Por separado, el abogado de la joven, Hugo Rosas, dijo que los derechos humanos y la seguridad de su defendida fueron vulnerados porque la ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol) se dio antes de que venciera el plazo de 90 días que tenían para presentar pruebas contra las acusaciones que hace el gobierno de Colombia.

En entrevista al término de la ceremonia en que se homenajeó al ex rector Guillermo Soberón Acevedo por su trayectoria, Narro recordó que en este caso la máxima casa de estudios ya ha hecho lo que le correspondía. “Hemos aportado información, nos pronunciamos y cuando los familiares nos han consultado” se les ha atendido.

Comentó que personalmente se ha reunido con los padres de Lucía Morett, “y lo haré cuantas veces sea necesario”. Respecto de la joven acusada por el gobierno de Colombia de delitos relacionados con el crimen organizado y terrorismo, Narro Robles mencionó que Lucía Morett es una “estudiante que ha estado concluyendo su ciclo y continúa con sus estudios”.

En conferencia, el abogado Hugo Rosas informó que a principios de junio se solicitó a la Interpol la revocación de la ficha roja contra Morett –solicitada por Colombia– debido a que “se trata de un asunto político y la normativa del organismo le impide participar en este tipo de casos”.

El litigante señaló que el plazo vence en la cuarta semana de octubre, por lo que censuró la publicación de esa categoría contra la única sobreviviente mexicana del ataque del ejército de Colombia contra un campamento que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en Ecuador, por el que murieron cuatro estudiantes mexicanos.

En la conferencia –donde se descartó una posible relación entre la joven y Ramsés Villarreal, detenido por presuntamente participar en ataques a diversas sucursales bancarias– también estuvieron María Jesús Álvarez y Jorge Morett, padres de Lucía, quienes solicitaron a la Interpol reconsiderar su actuación y tomar en cuenta que “no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucía está siendo injusta e ilegalmente perseguida, aun cuando no es ninguna infractora de la ley, sino una víctima”.

Agregaron que “no existen pruebas contundentes” que acrediten que su hija es responsable de delitos ligados al terrorismo y al crimen organizado –como se le acusa en Colombia–, sino que la persecución en su contra se trata de “propaganda que sólo busca la condena pública”.

Rosas informó que entre las pruebas que se presentarán ante la Interpol para que se revoque la circular roja destacan documentos notariados donde se acredita su no responsabilidad en los ilícitos que se le señalan y varios videos.

Entre éstos destaca el del interrogatorio al que fue sujeta en Ecuador, “donde hubo actos de tortura”, y otro de una reunión entre Guillermo Velasco Arzac –quien denunció a la universitaria ante la PGR– y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe “donde se entregan supuestas pruebas” contra Lucía.

El abogado recordó que al perseguir a Lucía la Interpol actúa contra su propia normativa, de que no puede atender asuntos de orden político.

Subrayó que el gobierno de Ecuador solicitó a la Policía Internacional detener al ex ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, quien junto con Uribe ordenó el bombardeo contra el campamento de las FARC, petición que fue rechazada con el argumento de que se trata de un caso “político”.

“Se trata de los mismos hechos pero con criterios distintos. ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?”, sentenciaron los padres de la joven, quienes recordaron que su hija “sólo es una víctima que no atentó ni infringió ley alguna ni la seguridad de ningún Estado”.

A la conferencia, convocada con el apoyo del Frente Nacional contra la Represión (FNCR) –que ayer cumplió dos años de su refundación– también asistieron la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el académico Enrique González Ruiz y otros miembros del FNCR.

El abogado y los padres de la joven informaron que ella se encuentra escondida en México debido a que las autoridades judiciales “no garantizan que no pueda ser detenida, aun cuando han señalado que no hay elementos en su contra”.

Aseveró que, aunque se ha solicitado a la PGR que se declare acción no penal contra su defendida, “nos comentan que no pueden porque están investigando, por lo que pedimos que la citen a declarar para que ofrezcamos pruebas de descargo. Nos dicen que no pueden porque no hay pruebas en su contra. Es por ello que la PGR está administrando el delito”, afirmó.

Rosas también explicó que la ficha roja no implica que la Interpol esté obligada a capturar a Morett, ya que para ello se necesita una orden de aprehensión librada por un juez mexicano . Recordó que existen cuatro procesos penales contra la estudiante: dos en México, uno en Colombia y otro en Ecuador.

José Enrique González Ruiz
En Rebelión 02 oct 2009

Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.

La Interpol actúa facciosamente

En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.

Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.

Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.

La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.

Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.

El complicado contexto geopolítico

El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.

Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.

En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.

Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe

A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.

Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.

La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.

México a 2 de octubre (no se olvida) de 2009

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la masacre cometida en la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había un oscuro proceso en su contra en Bogotá y por el que se le acusa precisamente de lo mismo de lo que fue víctima (crimen organizado y terrorismo). Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”. Es tiempo de que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con los gobernantes colombianos están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos que se cometan contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida. Hoy el gobierno colombiano responsable de graves delito acusa a Lucía por las atrocidades que el mismo cometió incluso fuera de su país.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, de crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A quienes arrojaron las bombas o a quienes recibieron en sus cuerpos las esquirlas? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar a Lucía sus verdugos y pedir su encarcelamiento cuando pretendieron asesinarla? , qué legitimidad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre?

INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucia está siendo injusta e ilegalmente perseguida y que no es ninguna infractora de la ley, sino víctima. La circular de Interpol también vulnera las garantías de Lucía, porque la hace ver ya como culpable de una serie de delitos respecto a los cuales no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

Un aspecto más que refleja la absurda decisión de Interpol y en general el proceso que se le sigue a nuestra hija, es el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y su entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

México a 2 de octubre (no se olvida) de 2009

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo de la masacre cometida el 1 de marzo de 2008 y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y de graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había en Bogotá un oscuro proceso en su contra en el que se le acusa de lo mismo de lo que ella fue víctima: crimen organizado y terrorismo, cuando ante los ojos del mundo está claro que el gobierno colombiano fue el responsable de cometer graves atrocidades incluso fuera de su país. Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”.

Demandamos que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con Colombia están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos cometidos contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A los que arrojaron las bombas o a quienes recibieron las esquirlas en sus cuerpos? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar y pedir el encarcelamiento de Lucía sus verdugos cuando ellos pretendieron asesinarla y cometieron delitos de lesa humanidad? ¿Qué autoridad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre? Los crímenes contra los estudiantes Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, y Soren Avilés Ángeles no pueden quedar impunes.

Hoy estamos en el mundo al revés. Colombia como agresor se dice el ofendido y quiere procesar a su propias víctimas. La suerte que tuvo Lucía de sobrevivir al terrorismo de Estado colombiano y a sus ilegales acciones, ahora la está pagando con su persecución política. INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que se trata de un asunto político que vulnera sus garantías y no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

La absurda decisión de INTERPOL se refleja en el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

Por: ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ

Publicado en Rebelion.org, el 27 de septiembre de 2009.

¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!

Una petición inesperada

No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja como “prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en “terrorista” y “narcotraficante”.

La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a supervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de –entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.

Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que –con su presencia en Sucumbíos- atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.

De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los 23 asesinados en el campamento de las FARC).

Una solicitud infundada

La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.
Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración de que Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.

Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.

Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:

1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene una clara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.

2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante de las FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.

3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?

El gobierno mexicano incumple sus deberes legales

En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México –a diferencia del de Ecuador– no ha defendido a sus nacionales demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.

En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.

Una “comedia” de equívocos

Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:

a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.

b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.

c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos “pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.

d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).

e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada en “argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.

f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.

g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.

h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.

i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.

j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.

k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.

La batalla será larga, pero al final triunfará la razón.

Por: Fernando Camacho Servín

La Jornada 9 de agosto de 2009

En solidaridad con la estudiante Lucía Morett, sobreviviente del ataque del ejército colombiano contra un campamento de las FARC, el primero de marzo de 2008, un grupo de artistas realizará este domingo y lunes una jornada cultural con la que busca presionar a las autoridades mexicanas para evitar que sea extraditada a Ecuador.

Las actividades de este segundo encuentro en apoyo a Morett –el primero fue en junio– darán inicio hoy a las 13 horas en el tianguis del libro que se encuentra en Paseo de la Reforma, con una conferencia sobre el teatro de creación colectiva en América Latina, sobre la cual la estudiante escribió su tesis de licenciatura.

En la charla participarán el académico y crítico de arte Alberto Híjar; el investigador Felipe Galván, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Roberto Vázquez, director del colectivo teatral Utopía Urbana, y Jorge Sandoval, integrante del grupo Luz Negra Teatro.

Además de expresar su apoyo a Morett, los panelistas resaltarán la importancia del teatro de creación colectiva, corriente que surgió en Latinoamérica a partir de los años 60, y que tuvo en Cali su principal campo de acción, con Enrique Buenaventura.

La jornada continuará el lunes con una función especial de la obra Mujeres de arena, de Humberto Robles, a las 13 horas** en el Multiforo Ollin Kan.

Al término del montaje, que presenta testimonios reales sobre tres chicas asesinadas en Ciudad Juárez, se presentará el colectivo artístico Mujeres sin miedo, entre ellas Ofelia Medina, Begoña Lecumberri y Francesca Guillén.

**LOS ORGANIZADORES DE ESTE EVENTO HACEMOS LA ACLARACIÓN DE QUE LA OBRA DE TEATRO SE PRESENTARÁ EL LUNES 10 DE AGOSTO A LAS 17:00 HRS. EN EL MULTIFORO OLLON KAN (ANTES CINE TLALPAN), EN LA CALLE DE SAN FERNANDO, ESQUINA CON JUÁREZ, TLALPAN CENTRO.

Actividades:

CONFERENCIA: TEATRO DE CREACION COLECTIVA, UN TEATRO NECESARIO
Participan:

FELIPE GALVAN.
ROBERTO VAZQUEZ.
JOSE MANUEL GALVAN.
CLAUDIA AGUIRRE.
LUCIA ANDREA MORETT.

Lugar: Feria del Libro “Para leer en libertad” situada en Paseo de la Reforma esquina Av. Insurgentes, Centro Ciudad de México.

Domingo 9 de Agosto de 2009, 1 p.m.

FUNCIÓN TEATRAL: “MUJERES DE ARENA” DEDICADA A LUCÍA MORETT Y A LOS ESTUDIANTES MASACRADOS EN ECUADOR.
Teatro documental sobre los feminicidios en Ciudad Juaréz, Chihuahua

Participan:
EL OTRO TEATRO.
HUMBERTO ROBLES.
COLECTIVO MUJERES SIN MIEDO: OFELIA MEDINA Y BEGOÑA LECUMBERRI, ENTRE OTR@S.
GRUPO DE REGGAE NOGNES.

Lugar: Multiforo Ollin Kan (antes Cine Tlalpan) San Fernado esq. Juárez Col. Tlalpan Centro, Ciudad de México.
Lunes 10 de Agosto, 5 pm. Entrada Libre.

¡NO A LA EXTRADICIÓN DE LUCIA MORETT!

En defensa de Lucía Morett Álvarez

José Enrique González Ruiz
Publicado por rebelion.org.mx 05 de agosto de 2009

Hay un pseudoperiodista que, al parecer afectado por una patología, se ha convertido en el incriminador de Lucía Morett Álvarez. Buena parte de su labor en la prensa escrita y televisiva la dedica a perseguir con saña a la joven universitaria que sobrevivió al crimen de Álvaro Uribe que privó de la vida a veintitrés seres humanos, entre ellos cuatro mexicanos. La acusa de ser terrorista internacional y de “participar activamente en el narcotráfico” (Excélsior, 28 de julio del 2009, página 8 Nacional). Ya antes lo hizo, en un libelo intitulado Las FARC en México, en el que pretende dar cátedra de geopolítica y en el que realmente se dedica a reproducir información que le llega de fuentes dudosas (la “inteligencia” colombiana), elevándola a rango de dogma divino.

Con la mayor desfachatez del mundo, Jorge Fernández Menéndez se atribuye el derecho a formular imputaciones de la mayor gravedad, sin experimentar el menor recato y sin sentirse obligado a aportar la correspondiente probanza. Rompe todas las reglas éticas del periodismo, apoyado en una fuente fantasiosa: “la computadora de Raúl Reyes”.

Fernández, de origen argentino, llego a México aduciendo razones políticas. Es, por ende, beneficiario de la generosa tradición de asilo que los mexicanos y las mexicanas sabemos honrar. Dolorosamente, esto, que forma parte de la inmensa vocación solidaria de nuestro pueblo, es precisamente lo que sirve de base para que Fernández incrimine a Lucía Morett.

Entre las linduras que el articulista se atreve afirmar están éstas:

1.- Lucía Morett “fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC…”
Sólo alguien que se sabe impune ante la calumnia es capaz de semejante aseveración. La verdad es que Lucía sobrevivió a un ataque criminal del ejército de ÀlvaroUribe Vélez –un presidente narcoparamilitar- en contra de personas que se encontraban dormidas. Varias de ellas fueron ejecutadas por los elementos uribistas y solamente conservaron la vida tres mujeres, entre ellas la universitaria mexicana. Ella es testiga de ese crimen de lesa humanidad.

Lucía no estaba armada ni uniformada y las razones por las que se encontraba en ese lugar son de orden intelectual. Tal vez por ello no las comprenda el incriminador.

2.- México consideraba al comandante Raúl Reyes un terrorista, y como la persona que estaba al mando “del principal productor de cocaína a nivel mundial” (ídem). Quizá esa idiotez la crea él, pero decir que lo cree México es un desvarío. Está bien que ya haya adquirido nuestra nacionalidad (igual que Antonio Solá), pero eso no lo autoriza a hablar a nombre de México. Cuando menos, no en mi nombre.

3.- En el campamento atacado por el genocida que gobierna Colombia “murieron también un grupo (sic) de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC”.

Fernández miente a sabiendas, pues tiene claro que no murieron, sino que fueron asesinados por órdenes de Uribe Vélez, quien actuaba bajo la dirección de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La calificación que les hace de “activistas” tiende a desacreditar su memoria y a justificar su asesinato. Y, obviamente, no presenta probanza de que recibían el entrenamiento de que habla. Pero eso lo tiene sin cuidado.

En su Santa Cruzada contra los infieles, el nacionalizado teje una serie de falacias:

a) La milagrosa computadora de Raúl Reyes le dijo que las FARC están en el negocio de la droga. No hay que perder de vista que es el mismo aparato que asegura que Hugo Chávez entrega armamento al grupo rebelde y que éste financió la campaña política del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.

b) También le informó que Lucía Morett y los cuatro universitarios mexicanos asesinados eran miembros del grupo alzado. Por ende, su actividad estaba también relacionada con el trasiego de estupefacientes.

c) Las FARC, le hizo saber el mismo aparato, tienen vínculos con grupos guerrilleros mexicanos. Luego, se configura el narcoterrorismo internacional.

Lo cierto es que la verdadera fuente de Fernández Menéndez es el espionaje colombiano, que en México se hace a ciencia y paciencia del gobierno espurio de Calderón. Quien lo provee de datos y “verdades” es la gente de Uribe y no el supercomputador de Reyes.

Fernández subtitula sus colaboraciones, con la palabra “razones”. Pero sus argumentos no son tales, sino burdas incriminaciones.

El OtroTeatro, presenta función especial

Por la no extradición de la actriz Lucia Morett y en memoria de los 4 estudiantes asesinados en Sucumbíos, Ecuador.

“MUJERES DE ARENA”

Teatro documental sobre los feminicidios en Ciudad Juaréz, Chihuahua.

Lunes 10 de Agosto a las 6pm.

Multiforo Ollin Kan

San Ferndo esq. Juárez

col. Tlalpan Centro

Contaremos con la presencia del colectivo Mujeres sin Miedo.