Lucia Morett va por ti

La muerte de cinco estudiantes mexicanos en el campamento de las FARC en Ecuador

Por Blanche Petrich

El expediente del caso de los cuatro estudiantes mexicanos muertos y una chica herida en el bombardeo que ejecutó el primero de marzo el ejército de Colombia en el campamento de las FARC en Sucumbíos, territorio de Ecuador, no está en el escritorio de la canciller Patricia Espinosa, entre los asuntos diplomáticos urgentes que atender. No. Lejos de ser considerado como un caso grave de protección de mexicanos en el exterior, como un incidente que marca una severa crisis en la región andina o de ruptura de la legalidad internacional por la violación de la soberanía de un país latinoamericano, el expediente está en la oficina del subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

¿Porqué? Porque en la visión del presidente mexicano Felipe Calderón y su procurador Eduardo Medina Mora, aliados privilegiados del gobierno de Álvaro Uribe, prevalece la lectura emanada de la estrategia estadunidense en la región. Es decir, las FARC y sus aliados son blancos legítimos en la guerra antiterrorista. No en balde México ha firmado con Washington la réplica del controvertido Plan Colombia, el Plan Mérida.

Desde esa perspectiva, el grupo guerrillero más longevo y mejor armado de América Latina es concebido como una organización “narcoterrorista” protegida por los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Raúl Correa de Ecuador. Por lo tanto, los estudiantes mexicanos que ese día visitaban por primera vez un punto de encuentro de las FARC en la región fronteriza ecuatoriana y que resultaron víctimas de las bombas y las balas colombianas, no son más que “bajas colaterales” de lo que Colombia y Estados Unidos defienden, sin rubor, como un “acto de guerra legítimo”. Peor: aun muertos, los mexicanos deben ser investigados por sus posibles nexos con “el terrorismo y el narcotráfico”. Dicho en boca del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel de Santos, “estas personas no eran propiamente unos angelitos”.

Control de daños y mentiras mediáticas

Por esta razón, hasta ahora, han sido más frecuentes y abundantes las declaraciones, pero sobretodo las “filtraciones” de información dudosa o abiertamente falsa procedentes de la PGR o de supuestas “fuentes de inteligencia” que los pronunciamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De hecho, en un mes, la cancillería ha exhibido una pasividad exasperante ante la tragedia de los cuatro universitarios asesinados. Los escasos pronunciamientos del gobierno de México se limitan a dos expresiones. Una, que “deplora y la acción desarrollada por efectivos colombianos” –no condena ni repudia– y otra, que insiste ante los gobiernos de Quito y Bogotá la solicitud de “información puntual sobre la presencia de ciudadanos mexicanos en el campamento de las FARC.” En ningún momento México asume la defensa de sus nacionales para demandar justicia.

Los reiterados llamados de los padres de los estudiantes masacrados –Natalia Verónica Velázquez, Juan González del Castillo, Soren Ángeles Avilés y Fernando Franco—al gobierno de Felipe Calderón para que asuma una postura inequívoca y condene la muerte de sus hijos en manos del ejército colombiano solo ha recibido el silencio como respuesta.

En contraste, las autoridades colombianas, su embajada en México –encabezada por Luis Camilo Osorio, el ex fiscal que se dio a conocer en su país por exonerar a militares y paramilitares que perpetraron varias de las masacres más sangrientas en la historia reciente de Colombia– la procuraduría y los servicios llamados “de inteligencia” de los cuerpos policiacos han sido más que diligentes en la generación de “noticias” para los medios.

Al tiempo que en Colombia el gobierno uribista hacía aparecer de las presuntas computadoras del comandante Raúl Reyes, muerto en el bombardeo de Sucumbíos, notas espectaculares como conejos de la chistera del mago, en México sus pares hacían lo suyo, con el respaldo entusiasta de la televisión y varios diarios de marcada tendencia conservadora.

Como un golpe de efecto, la policía judicial detuvo inmediatamente a un par de narcotraficantes colombianos que presentó como “de las FARC”. Surgió un “informe de inteligencia mexicano” que identificó a un “cubanomexicano” de nombre Dagoberto Díaz como responsable financiero de las FARC en México y organizador del viaje de los estudiantes al campamento donde encontraron la muerte. Y, por supuesto, se cargaron las tintas contra la única sobreviviente del grupo, Lucía Morett, de quien se dijo que había entrado ilegalmente a Colombia, donde se “había entrenado como guerrillera” y de ahí había pasado a Ecuador. Cuando el gobierno ecuatoriano exhibió su pasaporte, su visa, su boleto avión y pruebas de sus actividades en ese país –todas legales—la versión desapareció, como todas las demás, de las primeras planas de los diarios sin que nadie se sintiera obligado siquiera a rectificar.

Dos ejemplos de cómo, desde la intelectualidad,
se apoyó esa estrategia.

Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos y ligado al consorcio Televisa escribió: “El ataque colombiano al campamento de las FARC en Ecuador desnudó a los gobiernos de Caracas y de Quito, que colaboran con las FARC; a las FARC, que colaboran con los narcos mexicanos, y al gobierno de Bogotá, que primero dispara y después negocia.”

Jorge G. Castañeda, ex canciller del primer gobierno panista, fue brutal, según su ya conocido estilo: “¿Qué demonios estaban haciendo los estudiantes en un campamento de las FARC? Yo creo que, o bien estaban entrenándose, o estaban asociándose, o alguna cosa… Estaban en un campamento guerrillero, santuario de una organización criminal terrorista. Cada quien sabe en qué se mete: si alguien va como corresponsal, como guerrillero, o como alumno a un campamento de Hamas, o de Al Qaeda, en Irak, o en Palestina, o donde tú quieras, pues tú sabes a qué te metes…Que se jodan”

Desde su duelo, uno de los padres de los muchachos muertos, Álvaro González, le respondió a Castañeda: “Esa grosería, esa majadería totalmente desconsiderada, dirigida a nosotros en el estado de ánimo en que nos hallamos, buscaba provocar una respuesta violenta. No le vamos a dar ese gusto, pero sí hay que decir que el señor habla como representante del agresor, como embajador de Colombia o de Estados Unidos, más que como mexicano”.

En las antípodas de la opinión de Castañeda Gutman, escribió lo siguiente Gustavo Iruegas, ex diplomático, hoy ligado al movimiento opositor. “Aun si el propósito de su viaje (a Sucumbíos) fue hacer estudios e investigaciones sociales, el interés era personal. Se estaban acercando al más decantado ejercicio revolucionario, el internacionalista”.

Abandonados a su suerte ante su propio gobierno, las familias de los universitarios encontraron en Quito una defensa para su causa. En representación de la mexicana sobreviviente Lucía Morett, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) presentó ya, ante la Fiscalía General de Ecuador, una demanda en contra de Colombia por los siguientes crímenes: acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario.

En este proceso, según informó el secretario general de la ALDHU Juan de Dios Parra, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. “Claro –aclara Parra– que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.”

¿Quiénes eran?

¿Quiénes eran los mexicanos que murieron en Sucumbíos? Ni “angelitos” ni narcoterroristas.

Tres de ellos, muy amigos entre sí, habían estudiado la licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM junto con Lucía. Muchachos de entre 27 y 30 años, pertenecieron a aquella generación que hizo la mayor huelga estudiantil en defensa del carácter público y gratuito de la universidad más importante del país. Ninguno se había titulado pero participaban en la cátedra de estudios bolivarianos, uno de los muchos grupos informales que forman el torrente del pensamiento crítico universitario. Los cuatro aun vivían en la casa familiar, otro rasgo generacional.

El viaje a Ecuador había sido la ilusión de Verónica, que tenía pendiente terminar su tesis sobre los movimientos revolucionarios de América Latina. De origen muy humilde, hacía aretes de palma, que vendía. Para juntar el dinero del boleto de avión trabajó muy duro, muchos meses. Lo último que supo su hermano Javier de ella fue mediante un correo electrónico en el que le contaba del congreso bolivariano, en Quito. Estaba contenta. Su madre, una mujer sencilla, expresa que “lo único que entiendo, porque yo de política no sé nada, es que a mi hija le quitaron la vida”. En la morgue de Quito pudo identificar a Verónica, destrozada por una bomba de 250 kilos, solo por la dentadura.

A Juan González sus padres lo identificaron por una mano y un pie. Hijo único de Rita del Castillo y Álvaro González, lo recuerdan como un gran devorador de libros, un fanático de la música popular latinoamericana. Volcado desde hace años en la solidaridad con el movimiento revolucionario de Colombia, investigaba sobre la creación de vallenatos relacionados con la historia de las FARC. Álvaro, un antropólogo que enseña en la universidad rural de Chapingo, expresa su determinación de luchar, los años que sean necesarios, por la justicia ante la muerte de su único hijo. “Yo ya no tengo prisa de nada. No descansaré, así pasen 30 años, como sucedió en Chile o en Argentina, hasta que salió a la luz la verdad”.

Ulises Soren Ángeles era el único que no había estudiado en la UNAM. Él era egresado de la carrera del Instituto Nacional Politécnico. Quinto de seis hermanos, era amante del ajedrez. Tenía dos proyectos a mediano plazo: terminar la maestría y casarse. Junto con sus amigos, viajó a Ecuador el 31 de enero de este año, y planeaba regresar el 29 de febrero (un día antes del bombardeo en que perdió la vida). Pero el día 28 llamó a sus familiares para informarles que había decidido prolongar su estancia en ese país, por lo que proyectaba retornar el 11 de marzo.

Ninguno volvió vivo.

Eran, concluye Rita del Castillo, mamá de Juan, “unos buenos muchachos”.

Este 25 de marzo, Juan, Verónica y Fernando estuvieron por última vez en su universidad, en su facultad. En brazos de sus padres y en compañía de sus compañeros y maestros, las urnas con sus cenizas hicieron el último recorrido por el circuito universitario en una marcha que encabezaban dos cartelones negros. Uno decía: “Álvaro Uribe ¡asesino!”. La otra: “Felipe Calderón: cómplice”. Una lectura puntual de la relación de dos amigos de Washington.

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Nota: el artículo anterior fue escrito para la revista chilena Punto Final, agradecemos a la periodista Blanche Petrich el permitirnos su reproducción.