Lucia Morett va por ti

Enseguida reproducimos una nota difundida por la agencia Associan Press cuyo contenido resulta importante y revelador para la situación de Lucía Morett y la búsqueda de justicia por la masacre ocurrida en Sucumbíos, Ecuador el 1 de marzo de 2008. Al final de la misma agregaremos algunos comentarios.

2 de octubre de 2009, 07:27 PM

QUITO (AP) - La Corte Nacional de Justicia requirió más documentación antes de calificar si amerita pedir la extradición del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, acusado en Ecuador por el ataque a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.

“Solicité el pedido de extradición hace unos 15 días y no existe plazo para que se pronuncie la Corte”, afirmó el viernes a la AP Francisco Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, donde se ventila el caso.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, manifestó en rueda de prensa que recibió una solicitud “bastante sencilla” por parte de Revelo, “que no tiene todos los requisitos y documentos necesarios”, para la extradición.
Afirmó que le pidió al juez que “complete la información necesaria” porque es “un asunto complejo… no es un asunto de un día para el otro”.
Consultado por el plazo requerido para responder si procede el pedido de extradición, respondió que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”.
En Bogotá, el presidente Alvaro Uribe, al ser consultado por la determinación del juez ecuatoriano, aseguró que su gobierno tiene “toda la determinación en la protección de nuestros funcionarios, de nuestro ex ministro de Defensa”.
Agregó que cualquiera de sus funcionarios recibirá la misma garantía y respaldo.
En el caso de que la Corte Nacional de Justicia considere que amerita pedir una solicitud formal de extradición, según el proceso regular, debe ser trasmitido a la Cancillería, que a su vez debe presentarlo ante Colombia.
Santos fungía como ministro de Defensa de Colombia cuando se dio la incursión de militares de su país sobre suelo ecuatoriano en marzo del 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como protesta por la operación, Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá.
El pedido de extradición se da en momentos en que los dos países mantienen un proceso de diálogo para buscar mecanismos que permitan reanudar las relaciones.
En ese marco, Colombia ha expresado su irrestricto respaldo a Santos y ha desconocido la “extraterritorialidad” de la justicia ecuatoriana.
Contra Santos existe en Ecuador un pedido de prisión emitido a finales de junio por un juez que investiga la incursión colombiana.
La fiscalía lo acusa de delitos contra la vida por las 25 muertes registradas en el hecho, incluida la del comandante de las FARC Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Revelo señaló en entrevista telefónica que envió el pedido porque “el fiscal encontró indicios de responsabilidad. Luego en la formulación de cargos se ordenó la prisión y como él es colombiano”, entonces procedía el pedido.
Con base a la orden de prisión, las autoridades ecuatorianas solicitaron a Interpol ubicar a Santos, pero esa oficina se negó a hacerlo aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar.

De lo publicado podemos resaltar que:

1. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el Dr. Vicente Troya, quien al amparo de la facultad que tiene, resolvió solicitar la extradición de Lucía Morett, hoy está poniendo en duda si existen elementos para solicitar a Colombia la extradición de su exministro de Justicia, Juan Manuel Santos, al decir que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”. Extraña mucho esa actitud toda vez que es pública y confesa la responsabilidad y el papel protagónico de Santos en el ataque a Sucumbíos del 1 de marzo de 2008.
2. ¿A qué se debe que el Presidente de la Corte haya resueltamente decidido procesar a Lucía por su sola presencia en el lugar del bombardeo y no tenga la certeza de solicitar la extradición del exministro Santos quien dirigió el ataque militar contra Ecuador?
3. ¿Qué justicia puede haber en perseguir a quienes, como Lucía, claramente han sido víctimas de actos criminales y dejar de procesar a los ejecutores de los mismos?
4. Resulta de un cinismo grotesco la justificación del presidente Álvaro Uribe de no aceptar la “extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana”, a la que le niega capacidad para juzgar a Juan Manuel Santos; mientras que él, por un lado, ha insistido en señalar como legítima la invasión a Ecuador y, por otro, estableció en su país, sin fundamentos verídicos, un proceso judicial contra Lucía Morett, que aplica, a su vez, criterios de extraterritorialidad, los cuales se han extendido hasta gestionar ante la INTERPOL la detención de Lucía.
5. La respuesta del Presidente de la Corte nos hace ver que en los procesos judiciales, por encima de las leyes y el estado de derecho, se imponen relaciones de fuerza e intereses políticos. No resultaría extraño que la actitud del funcionario ecuatoriano estuviera influida por el hecho de que el acaudalado ex ministro Juan Manuel Santos será el candidato de Álvaro Uribe para la presidencia de no conseguir éste la reforma constitucional para su reelección.
6. Por otra parte, la nota refiere la negativa que INTERPOL emitió ante la solicitud ecuatoriana de captura contra el ex ministro Santos, “aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar”. El mismo precepto ha sido violado en el caso de la estudiante mexicana Lucía Morett al aprobar la INTERPOL una ficha roja en su contra, siendo que existen abundantes elementos que demuestran que se trata de un asunto eminentemente político.

José Enrique González Ruiz
En Rebelión 02 oct 2009

Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.

La Interpol actúa facciosamente

En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.

Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.

Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.

La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.

Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.

El complicado contexto geopolítico

El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.

Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.

En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.

Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe

A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.

Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.

La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.

México a 2 de octubre (no se olvida) de 2009

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la masacre cometida en la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había un oscuro proceso en su contra en Bogotá y por el que se le acusa precisamente de lo mismo de lo que fue víctima (crimen organizado y terrorismo). Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”. Es tiempo de que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con los gobernantes colombianos están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos que se cometan contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida. Hoy el gobierno colombiano responsable de graves delito acusa a Lucía por las atrocidades que el mismo cometió incluso fuera de su país.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, de crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A quienes arrojaron las bombas o a quienes recibieron en sus cuerpos las esquirlas? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar a Lucía sus verdugos y pedir su encarcelamiento cuando pretendieron asesinarla? , qué legitimidad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre?

INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucia está siendo injusta e ilegalmente perseguida y que no es ninguna infractora de la ley, sino víctima. La circular de Interpol también vulnera las garantías de Lucía, porque la hace ver ya como culpable de una serie de delitos respecto a los cuales no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

Un aspecto más que refleja la absurda decisión de Interpol y en general el proceso que se le sigue a nuestra hija, es el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y su entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

México a 2 de octubre (no se olvida) de 2009

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo de la masacre cometida el 1 de marzo de 2008 y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y de graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había en Bogotá un oscuro proceso en su contra en el que se le acusa de lo mismo de lo que ella fue víctima: crimen organizado y terrorismo, cuando ante los ojos del mundo está claro que el gobierno colombiano fue el responsable de cometer graves atrocidades incluso fuera de su país. Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”.

Demandamos que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con Colombia están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos cometidos contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A los que arrojaron las bombas o a quienes recibieron las esquirlas en sus cuerpos? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar y pedir el encarcelamiento de Lucía sus verdugos cuando ellos pretendieron asesinarla y cometieron delitos de lesa humanidad? ¿Qué autoridad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre? Los crímenes contra los estudiantes Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, y Soren Avilés Ángeles no pueden quedar impunes.

Hoy estamos en el mundo al revés. Colombia como agresor se dice el ofendido y quiere procesar a su propias víctimas. La suerte que tuvo Lucía de sobrevivir al terrorismo de Estado colombiano y a sus ilegales acciones, ahora la está pagando con su persecución política. INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que se trata de un asunto político que vulnera sus garantías y no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

La absurda decisión de INTERPOL se refleja en el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

Por: ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ

Publicado en Rebelion.org, el 27 de septiembre de 2009.

¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!

Una petición inesperada

No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja como “prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en “terrorista” y “narcotraficante”.

La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a supervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de –entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.

Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que –con su presencia en Sucumbíos- atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.

De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los 23 asesinados en el campamento de las FARC).

Una solicitud infundada

La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.
Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración de que Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.

Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.

Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:

1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene una clara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.

2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante de las FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.

3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?

El gobierno mexicano incumple sus deberes legales

En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México –a diferencia del de Ecuador– no ha defendido a sus nacionales demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.

En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.

Una “comedia” de equívocos

Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:

a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.

b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.

c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos “pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.

d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).

e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada en “argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.

f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.

g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.

h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.

i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.

j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.

k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.

La batalla será larga, pero al final triunfará la razón.

En defensa de Lucía Morett Álvarez

José Enrique González Ruiz
Publicado por rebelion.org.mx 05 de agosto de 2009

Hay un pseudoperiodista que, al parecer afectado por una patología, se ha convertido en el incriminador de Lucía Morett Álvarez. Buena parte de su labor en la prensa escrita y televisiva la dedica a perseguir con saña a la joven universitaria que sobrevivió al crimen de Álvaro Uribe que privó de la vida a veintitrés seres humanos, entre ellos cuatro mexicanos. La acusa de ser terrorista internacional y de “participar activamente en el narcotráfico” (Excélsior, 28 de julio del 2009, página 8 Nacional). Ya antes lo hizo, en un libelo intitulado Las FARC en México, en el que pretende dar cátedra de geopolítica y en el que realmente se dedica a reproducir información que le llega de fuentes dudosas (la “inteligencia” colombiana), elevándola a rango de dogma divino.

Con la mayor desfachatez del mundo, Jorge Fernández Menéndez se atribuye el derecho a formular imputaciones de la mayor gravedad, sin experimentar el menor recato y sin sentirse obligado a aportar la correspondiente probanza. Rompe todas las reglas éticas del periodismo, apoyado en una fuente fantasiosa: “la computadora de Raúl Reyes”.

Fernández, de origen argentino, llego a México aduciendo razones políticas. Es, por ende, beneficiario de la generosa tradición de asilo que los mexicanos y las mexicanas sabemos honrar. Dolorosamente, esto, que forma parte de la inmensa vocación solidaria de nuestro pueblo, es precisamente lo que sirve de base para que Fernández incrimine a Lucía Morett.

Entre las linduras que el articulista se atreve afirmar están éstas:

1.- Lucía Morett “fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC…”
Sólo alguien que se sabe impune ante la calumnia es capaz de semejante aseveración. La verdad es que Lucía sobrevivió a un ataque criminal del ejército de ÀlvaroUribe Vélez –un presidente narcoparamilitar- en contra de personas que se encontraban dormidas. Varias de ellas fueron ejecutadas por los elementos uribistas y solamente conservaron la vida tres mujeres, entre ellas la universitaria mexicana. Ella es testiga de ese crimen de lesa humanidad.

Lucía no estaba armada ni uniformada y las razones por las que se encontraba en ese lugar son de orden intelectual. Tal vez por ello no las comprenda el incriminador.

2.- México consideraba al comandante Raúl Reyes un terrorista, y como la persona que estaba al mando “del principal productor de cocaína a nivel mundial” (ídem). Quizá esa idiotez la crea él, pero decir que lo cree México es un desvarío. Está bien que ya haya adquirido nuestra nacionalidad (igual que Antonio Solá), pero eso no lo autoriza a hablar a nombre de México. Cuando menos, no en mi nombre.

3.- En el campamento atacado por el genocida que gobierna Colombia “murieron también un grupo (sic) de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC”.

Fernández miente a sabiendas, pues tiene claro que no murieron, sino que fueron asesinados por órdenes de Uribe Vélez, quien actuaba bajo la dirección de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La calificación que les hace de “activistas” tiende a desacreditar su memoria y a justificar su asesinato. Y, obviamente, no presenta probanza de que recibían el entrenamiento de que habla. Pero eso lo tiene sin cuidado.

En su Santa Cruzada contra los infieles, el nacionalizado teje una serie de falacias:

a) La milagrosa computadora de Raúl Reyes le dijo que las FARC están en el negocio de la droga. No hay que perder de vista que es el mismo aparato que asegura que Hugo Chávez entrega armamento al grupo rebelde y que éste financió la campaña política del mandatario ecuatoriano Rafael Correa.

b) También le informó que Lucía Morett y los cuatro universitarios mexicanos asesinados eran miembros del grupo alzado. Por ende, su actividad estaba también relacionada con el trasiego de estupefacientes.

c) Las FARC, le hizo saber el mismo aparato, tienen vínculos con grupos guerrilleros mexicanos. Luego, se configura el narcoterrorismo internacional.

Lo cierto es que la verdadera fuente de Fernández Menéndez es el espionaje colombiano, que en México se hace a ciencia y paciencia del gobierno espurio de Calderón. Quien lo provee de datos y “verdades” es la gente de Uribe y no el supercomputador de Reyes.

Fernández subtitula sus colaboraciones, con la palabra “razones”. Pero sus argumentos no son tales, sino burdas incriminaciones.

Carta entregada a la SRE ante el Subsecretario para América Latina, Salvador Beltrán del Río y el embajador José Ignacio Piña, en la que estuviron los padres de Lucía, sus abogados Hugo Rosas y Enrique González Ruiz y un grupo de legisladores: la senadora Rosario Ibarra, los diputados José Jaques, José Antonio Almazán, Armando Barreiro y Cuauhtémoc Sandoval.

México, D. F. a 17 de julio de 2008.
Embajadora Patricia Espinosa C.
Secretaria de Relaciones Exteriores
Presente.

Nos dirigimos a usted y por su conducto también al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, titular del poder ejecutivo federal, a quienes por ley les corresponde decidir en materia de extradición, con el objetivo de brindarles elementos y pruebas consistentes que les permitan rechazar la petición del gobierno ecuatoriano de remitir a ese país a nuestra hija, la ciudadana mexicana, Lucía Andrea Morett Álvarez, para que enfrente un juicio por supuesto atentado contra la seguridad interna de ese estado. Lo anterior debido a que no existen elementos de prueba que la vinculen con la comisión de ese delito o cualquier otro; por contravenir el tratado de extradición firmado entre México y Ecuador en 2006 y por ser contrario a las normas establecidas en el derecho mexicano, el derecho internacional y humanitario y en particular por estar expresamente prohibido en el Convenio Internacional en Contra de la Tortura del que México es signatario.
Defendemos a nuestra hija no sólo por razones naturales, también lo hacemos por las injusticias y violaciones que ha sufrido y continúa sufriendo en sus derechos humanos desde que fue víctima de un intento de homicidio a manos de las fuerzas militares colombianas en territorio de Ecuador el 1 de marzo de 2008. Lucía al sobrevivir a los bombardeos, a la masacre y a la violenta agresión a la soberanía ecuatoriana se convirtió en testigo importante de la comisión de graves delitos de lesa humanidad, de la muerte de cuatro jóvenes mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado. [Leer más…]

México, D.F. a 9 de julio de 2009.

H. SECRETARÍA GENERAL DE LA INTERPOL.
REPRESENTANTE DE LA INTERPOL EN MÉXICO.
PRESENTE.

JORGE LUIS MORETT SÁNCHEZ y HUGO CHRISTIÁN ROSAS DE LEÓN, el primero padre de la ciudadana mexicana LUCÍA ANDREA MORETT ÁLVAREZ y el segundo en su carácter de defensor de la misma; señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 10, Torre del Caballito, piso 13, oficina 05, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010 en México, Distrito Federal, con correo electrónico para recibir comunicaciones hugoboss1500@yahoo.com.mx; ante Ustedes, respetuosamente, comparecemos para exponer: [Leer más…]

México, D.F. a 4 de julio 2009

A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES:

Ha trascendido ampliamente en los medios de comunicación que el gobierno de Colombia realizó una solicitud a la Interpol para que ésta emita una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por “concierto para delinquir con fines terroristas”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos relacionados con actividades subversivas”. Dicha orden de captura ya fue liberada a sus 186 países integrantes.

Se trata de una violación más a los derechos humanos de la estudiante de la UNAM en agravio a su seguridad y libertad y es, esencialmente, la continuación de la persecución política de la que ha sido víctima luego de resultar gravemente herida en los criminales bombardeos que realizó Colombia en Ecuador el 1 de marzo de 2008, mismos que fueron condenados por diversas instancias del sistema interamericano por tratarse de flagrantes violaciones al orden jurídico internacional. [Leer más…]

Este Foro se realizó en la Cámara de Diputados el pasado 26 de mayo de 2009 con la participación de diputados del PRD, Convergencia, juristas y representantes de organizaciones sociales como la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Entre los acuerdos destaca el dar a conocer en México y a nivel internacional las conclusiones del Foro, que se sintetizan en:

Rechazar por infundada e improcedente la extradición de Lucia Morett Álvarez. Exigir justicia para las víctimas de la masacre en Sucumbíos, especialmente para los cuatro jóvenes estudiantes mexicanos asesinados. Castigo a los culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la invasión colombiana a Ecuador.

Del análisis y puntos de vista expresados en el Foro destacamos lo siguiente:

1) La ciudadana mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez es una de las víctimas sobrevivientes del ilegal ataque militar colombiano del 1 de marzo de 2008 a Ecuador, y del genocidio en el que fueron asesinados, entre otros, cuatro connacionales, los estudiantes: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, para quienes no ha habido justicia.

2) Lucía Morett, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de resultar con heridas por esquirlas de bomba y presenciar cómo se remataba a sobrevivientes, sufrió torturas, amenazas, tratos crueles, hostigamiento sexual y, sin ser asistida médicamente fue abandonada en la selva, lo que implicó violaciones a sus derechos humanos y la comisión de delitos penados internacionalmente.

3) La agresión colombiana fue condenada en foros internacionales por tratarse de flagrantes violaciones al derecho internacional y al derecho humanitario. El gobierno de México calificó de “ilegal” la invasión, “deploró” la muerte de los jóvenes estudiantes y solicitó a Colombia la indemnización para las víctimas de nuestro país, con ello el Ejecutivo manifiestamente reconocía la culpabilidad del gobierno de Álvaro Uribe, quien además asumió la responsabilidad de la “Operación Fénix” justificándola de “lucha contra el terrorismo”, sin que ni él ni ninguno de los militares que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad haya sido sometido a juicio.

4) La incursión colombiana motivó una investigación en Ecuador por los homicidios violentos y la invasión a su territorio, inexplicablemente este proceso jurídico derivó en un juicio contra las sobrevivientes por “atentar contra la seguridad interna del Estado”. El Fiscal de Sucumbíos, donde sucedieron los hechos, centró su actuación contra las ofendidas señalando su incapacidad para procesar a los militares y policías de Colombia ya que el gobierno de ese país se negó a proporcionarle sus nombres.

5) El 11 de marzo de 2008, Lucía Morett, en presencia del embajador mexicano en Quito, rindió su declaración ante el Fiscal General de Ecuador, el Dr. Washington Pesantez, quien tras oír su versión de los hechos, la señaló como víctima y testigo de la agresión colombiana, indicando que el Estado no tenía nada en su contra. Actualmente, de manera inexplicable, él ha avalado la solicitud de extradición que en los hechos criminaliza a las víctimas y deja en la impunidad a los agresores.

6) El 15 de abril de 2008, ante el Notario Público en Quito, Lucía dejó constancia de la declaración extrajudicial que, mediante presiones, tratos crueles y degradantes le tomaron algunos militares ecuatorianos obligándola a hacer afirmaciones contra su voluntad y la verdad de los hechos. En el desahogo de pruebas, la defensa de Lucía presentó la versión juramentada de este ilegal interrogatorio. Sin respetarse la ley y el debido proceso que desecha toda declaración arrancada por la fuerza, este “testimonio” se utilizó para inculpar a Lucía y atacarla en los medios de comunicación.

7) Los estudiantes mexicanos ingresaron y transitaron legalmente en Ecuador, su presencia en el campamento de las FARC no constituía ningún delito, lo que contrasta con los supuestos razonamientos que fundan la orden de detención en contra de Lucía. El Fiscal y el Juez de Sucumbíos concluyen que, por el solo hecho de “encontrarse en el campamento y haber identificado los cadáveres de los mexicanos asesinados”, es miembro de las FARC y, sin más, que atentó contra la seguridad de Ecuador. Lucía ha negado categóricamente formar parte de ese grupo, lo que consta en el expediente incluso por voz de un militar que la interrogó y que declaró haberla encontrado con ropa de civil. Todo ello no fue considerado en el juicio, por lo que la resolución dictada por el Juez de Sucumbíos es absolutamente ilegal y violatoria de las garantías de seguridad jurídica de Lucía. Los indicios con los que se pretende acreditar la acusación son inconducentes y de ellos no puede concluirse que cometió delito alguno.

8) No se tomaron en cuenta los señalamientos del Dr. Robert Intriago, defensor público en Ecuador de Lucía, quien impugnó el juicio señalando que no había elemento para presumir delito alguno y mucho menos la responsabilidad de los cargos imputados, que la causa no estaba debidamente motivada y que se basaron en un simple alistamiento de elementos que carecen de eficacia probatoria, que en el proceso no se reúnen las condiciones exigidas en la Constitución. Agregó, “Las imputadas fueron víctimas del brutal ataque cometido por parte de Colombia y deben ser consideradas como tales”. Con ellas no se siguió el debido proceso, se cometieron y tomaron en cuenta pruebas violando la Constitución Política de Ecuador. Los procedimientos no fueron debidamente respetados por lo que el procesamiento a Lucía y las otras sobrevivientes es injusto y atentatorio a sus derechos”. Concluye el defensor: “por la agresión sufrida por Ecuador se recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y que tanto las imputadas como Ecuador fueron los ofendidos.

9) Las pruebas de descargo aportadas por la defensa no fueron consideradas. El proceso judicial fue sesgado y se basó en supuestos o inferencias imposibles de ser sustentadas. Hubo parcialidad, manejo político del juicio y un afán persecutorio. El delito que se presume cometió Lucía es inaplicable, siendo por tanto ajena a los cargos que se le imputan, ya que el mismo se refiere a “quienes promuevan o formen parte de guerrillas que pretendan subvertir el orden y las fuerzas públicas ecuatoriana”. Ni Lucía milita en guerrilla alguna, ni atentó contra el Estado ecuatoriano, ni las FARC se fundaron para atacar la seguridad de Ecuador.

10) El derecho internacional proscribe que el instrumento procesal consistente en la extradición sea utilizado con fines de represión o persecución política. El delito y las motivaciones de la acusación en contra de Lucía son de tipo político, por tanto no debería haberse iniciado un proceso de esa naturaleza.

11) El Estado mexicano debe rechazar la solicitud de extradición de Lucía Morett a Ecuador por improcedente, infundada y por carecer de las más elementales pruebas que acrediten “el cuerpo del delito”. Existen, por el tipo del delito por el que se le juzga, por el manejo del proceso y por el propio tema que llevó al rompimiento de relaciones entre Colombia y Ecuador, motivaciones e intereses políticos que de suyo hacen que la petición de extradición sea inaceptable.

12) La Secretaría de Relaciones Exteriores, debe negar el pedido de extradición que se le formulare, pues el mismo resulta claramente violatorio del orden legal mexicano y de los principios de seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos. Todos los convenios en materia de extradición, incluyendo el firmado entre México y Ecuador, no proceden tratándose de delitos políticos.

13) En la extradición de acuerdo a los preceptos legales mexicanos y en general internacionales, es potestad del Ejecutivo Federal aceptar o no la solicitud, teniendo como principio fundamental la defensa de los ciudadanos y el velar por un debido y justo proceso, lo que hemos demostrado que no ocurrió. Por todos los antecedentes señalados, acceder al envío de Lucía Morett a Ecuador es atentar contra la seguridad de esta ciudadana, contra su integridad y su libertad. Lucía no cometió delito alguno y debe tener la calidad de víctima y no de delincuente.

14) No existen los más elementales indicios que la racionalidad jurídica exige para que pudieran justificar cualquier acto de privación de la libertad de Lucía, ya sea para extraditarla a Ecuador o someterla a algún proceso judicial. Es inconcebible que las sobrevivientes y víctimas sean procesadas cuando fueron las agraviadas. Aceptar el “juicio” plagado de irregularidades y acceder a la extradición es continuar con el clima de violencia de Estado e injusticias que se han cometido en contra de ella. No es legal, justo ni ético criminalizar a las víctimas y además favorecer con ello a los ofensores.

15) Lucía es víctima de violaciones a sus derechos humanos y testigo de graves ataques al derecho internacional (incluso penados en condiciones de guerra), es por ello que existen grandes intereses para procesarla e impedir su testimonio como sobreviviente de un genocidio del que hay incluso responsables confesos. Lucía constantemente es atacada en los medios de comunicación siendo claramente una perseguida política. El Estado colombiano y un grupo de aliados a él por diversos intereses, atentó y sigue atentando contra la integridad de Lucía. Ella está, sin proponérselo, en medio de un conflicto de grandes proporciones que se originó en la ilegal violación de la soberanía de Ecuador y en delictivo ataque criminal. Lucía debe ser apoyada y protegida por el Estado mexicano y sus derechos cabalmente respetados.

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La revista Mundo Global le dedica 12 páginas (32-43) al caso de nuestra amiga, Lucía Andrea Morett Álvarez.

Pueden ampliar el número haciendo click sobre la imagen flash acá arriba.

Cuando las condiciones parecían estar dándose para que nuestra amiga Lucía Morett pudiera regresar a su tierra, algunos grupos de la ultraderecha interpusieron una denuncia en México contra ella y sus acompañantes, por el delito de terrorismo internacional.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del autodenominado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y Mejor Sociedad Mejor Gobierno A.C., argumentaron con base en notas periodísticas, que Lucía era el contacto en México de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las acusaciones esgrimidas son casi una calca de esta noticia aparecida en El Universal, este 6 de marzo de 2008. [Leer más…]

Según el diario colombiano El Tiempo, existe un video que fue filtrado por los organismos de “inteligencia” de aquél país a medios ecuatorianos como La Hora y Telecentro, en donde aparece Lucía Morett en una charla vestida con pantalón de camuflage.

Algunos afirman que es el mismo en donde aparece el ecuatoriano Franklin Aisalia rompiendo una piñata durante el cumpleaños de Raúl Reyes, que según la Wikipedia nació un 30 de septiembre. Como sus amigos podemos comprobar que en esa fecha ella se encontraba en México .

Al respecto proponemos lo siguiente, si la información es totalmente verídica y se asienta que Lucía es la misma persona que aparece en las imágenes, cerramos este blog. [Leer más…]

Este es un blog dedicado a la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, sobreviviente del bombardeo que realizó el ejército colombiano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio ecuatoriano.

Sus editores (y amigos) pensamos que es necesario contrarrestar de algún modo el alud de propaganda negra que han estado filtrando a diversos medios, supuestos organismos de inteligencia de países como Colombia o Estados Unidos, con miras a sembrar la duda en torno a sus actividades como estudiante y activista interesada en conocer más de la realidad latinoamericana. Sobra decir que suscribimos totalmente la versión que ha dado ella de los hechos. [Leer más…]