Justicia ecuatoriana analiza extradición de Juan Manuel Santos (nota periodística comentada)
Enseguida reproducimos una nota difundida por la agencia Associan Press cuyo contenido resulta importante y revelador para la situación de Lucía Morett y la búsqueda de justicia por la masacre ocurrida en Sucumbíos, Ecuador el 1 de marzo de 2008. Al final de la misma agregaremos algunos comentarios.
2 de octubre de 2009, 07:27 PM
QUITO (AP) - La Corte Nacional de Justicia requirió más documentación antes de calificar si amerita pedir la extradición del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, acusado en Ecuador por el ataque a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.
“Solicité el pedido de extradición hace unos 15 días y no existe plazo para que se pronuncie la Corte”, afirmó el viernes a la AP Francisco Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, donde se ventila el caso.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, manifestó en rueda de prensa que recibió una solicitud “bastante sencilla” por parte de Revelo, “que no tiene todos los requisitos y documentos necesarios”, para la extradición.
Afirmó que le pidió al juez que “complete la información necesaria” porque es “un asunto complejo… no es un asunto de un día para el otro”.
Consultado por el plazo requerido para responder si procede el pedido de extradición, respondió que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”.
En Bogotá, el presidente Alvaro Uribe, al ser consultado por la determinación del juez ecuatoriano, aseguró que su gobierno tiene “toda la determinación en la protección de nuestros funcionarios, de nuestro ex ministro de Defensa”.
Agregó que cualquiera de sus funcionarios recibirá la misma garantía y respaldo.
En el caso de que la Corte Nacional de Justicia considere que amerita pedir una solicitud formal de extradición, según el proceso regular, debe ser trasmitido a la Cancillería, que a su vez debe presentarlo ante Colombia.
Santos fungía como ministro de Defensa de Colombia cuando se dio la incursión de militares de su país sobre suelo ecuatoriano en marzo del 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como protesta por la operación, Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá.
El pedido de extradición se da en momentos en que los dos países mantienen un proceso de diálogo para buscar mecanismos que permitan reanudar las relaciones.
En ese marco, Colombia ha expresado su irrestricto respaldo a Santos y ha desconocido la “extraterritorialidad” de la justicia ecuatoriana.
Contra Santos existe en Ecuador un pedido de prisión emitido a finales de junio por un juez que investiga la incursión colombiana.
La fiscalía lo acusa de delitos contra la vida por las 25 muertes registradas en el hecho, incluida la del comandante de las FARC Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Revelo señaló en entrevista telefónica que envió el pedido porque “el fiscal encontró indicios de responsabilidad. Luego en la formulación de cargos se ordenó la prisión y como él es colombiano”, entonces procedía el pedido.
Con base a la orden de prisión, las autoridades ecuatorianas solicitaron a Interpol ubicar a Santos, pero esa oficina se negó a hacerlo aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar.
De lo publicado podemos resaltar que:
1. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el Dr. Vicente Troya, quien al amparo de la facultad que tiene, resolvió solicitar la extradición de Lucía Morett, hoy está poniendo en duda si existen elementos para solicitar a Colombia la extradición de su exministro de Justicia, Juan Manuel Santos, al decir que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”. Extraña mucho esa actitud toda vez que es pública y confesa la responsabilidad y el papel protagónico de Santos en el ataque a Sucumbíos del 1 de marzo de 2008.
2. ¿A qué se debe que el Presidente de la Corte haya resueltamente decidido procesar a Lucía por su sola presencia en el lugar del bombardeo y no tenga la certeza de solicitar la extradición del exministro Santos quien dirigió el ataque militar contra Ecuador?
3. ¿Qué justicia puede haber en perseguir a quienes, como Lucía, claramente han sido víctimas de actos criminales y dejar de procesar a los ejecutores de los mismos?
4. Resulta de un cinismo grotesco la justificación del presidente Álvaro Uribe de no aceptar la “extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana”, a la que le niega capacidad para juzgar a Juan Manuel Santos; mientras que él, por un lado, ha insistido en señalar como legítima la invasión a Ecuador y, por otro, estableció en su país, sin fundamentos verídicos, un proceso judicial contra Lucía Morett, que aplica, a su vez, criterios de extraterritorialidad, los cuales se han extendido hasta gestionar ante la INTERPOL la detención de Lucía.
5. La respuesta del Presidente de la Corte nos hace ver que en los procesos judiciales, por encima de las leyes y el estado de derecho, se imponen relaciones de fuerza e intereses políticos. No resultaría extraño que la actitud del funcionario ecuatoriano estuviera influida por el hecho de que el acaudalado ex ministro Juan Manuel Santos será el candidato de Álvaro Uribe para la presidencia de no conseguir éste la reforma constitucional para su reelección.
6. Por otra parte, la nota refiere la negativa que INTERPOL emitió ante la solicitud ecuatoriana de captura contra el ex ministro Santos, “aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar”. El mismo precepto ha sido violado en el caso de la estudiante mexicana Lucía Morett al aprobar la INTERPOL una ficha roja en su contra, siendo que existen abundantes elementos que demuestran que se trata de un asunto eminentemente político.
