Por Carlos Fazio
Lucía Morett es una testigo de cargo clave. Álvaro Uribe lo sabe. Por eso busca criminalizarla. Callarla. Sabe que Lucía puede conducirlo al banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional. Ésa es la razón por la cual, desde un comienzo, se montó una campaña de intoxicación y terrorismo mediático contra Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, un libro incluido.
Por Carlos Fazio
Es una sobreviviente. Todavía no se explica cómo salió viva del bombardeo que terminó con las vidas de Raúl Reyes y una veintena de personas, incluidos cuatro compañeros mexicanos, cuando el gobierno de Colombia atacó un campamento temporal de las FARC en territorio ecuatoriano.
Por Blanche Petrich
Los militares ecuatorianos que interrogaron a la mexicana Lucía Morett, la única connacional que sobrevivió al bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana en Sucumbíos la madrugada del 1 de marzo, mientras recibía atención médica en la enfermería militar de Lago Agrio, están sujetos a proceso penal en Quito por haber sometido a la víctima a “tratos crueles e inhumanos”.
Por otra parte, la Dirección de Informática de la Fiscalía de Ecuador desechó recientemente las supuestas pruebas contenidas en las tres computadoras del segundo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, muerto en el citado ataque. Los peritos determinaron que los discos duros y los dispositivos USB incautados por los militares colombianos no tienen valor jurídico ya que, según sus investigaciones, el material original fue alterado y el gobierno del país agresor no guardó la debida cadena de custodia sobre los materiales decomisados en el campamento.
Editorial del diario La Jornada
La visita a México del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se realiza a contrapelo de los reclamos presentados la víspera por distintas organizaciones civiles, en el sentido de declarar a Uribe persona non grata por el “asesinato confeso” de al menos una veintena de personas durante la incursión militar ilegal que el ejército colombiano llevó a cabo el pasado primero de marzo en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, en la que perecieron los estudiantes mexicanos Verónica Velázquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González, y resultó herida la estudiante universitaria Lucía Morett Álvarez.
Por Carlos Fazio
Hace un par de semanas, en otra acción de propaganda negra y terrorismo mediático combinada con actividades de espionaje en territorio extranjero, el presidente colombiano Álvaro Uribe y sus patrocinadores en Washington fraguaron una nueva maniobra diversionista. Ahora tocó el turno a Chile.
Por Carlos Castellano
Incluso algunos medios tildaban de terroristas a los estudiantes mexicanos, casualmente, no tildan de terroristas a los jefes de estado, y sus enviados , a los periodistas, a los miembros de organizaciones humanitarias, que mantuvieron entrevistas con Raúl Reyes.
Por Ángel Guerra Cabrera
Con la bazofia de las computadoras, que ningún juez que se respete aceptaría como prueba de nada, se acusa, juzga y sentencia a Chávez y Correa como cómplices de las FARC. En otras palabras, se crea el clima sicológico para justificar futuras agresiones contra Caracas y Quito, a la vez que se reproducen por su pares de la región los bodrios del archioligárquico diario bogotano El Tiempo, ahora asociado nada menos que con El País de España, añadiendo a la lista de terroristas a un creciente número de organizaciones y activistas populares en distintos países latinoamericanos.
Por José Steinsleger
Para zafarse de las denuncias de los paramilitares, Uribe decidió extraditar a varios de ellos a Estados Unidos. No obstante, en el curso de la extradición, desapareció el computador del más feroz de ellos, Salvatore Mancuso, quien a diario alimentaba a los medios con más y más denuncias.
Por Gilberto López y Rivas
La denuncia presentada el 25 de marzo ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, A C y Mejor Sociedad-Mejor Gobierno, AC (léase El Yunque) contra los estudiantes que asistieron al segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana –celebrado en Ecuador del 24 al 27 de febrero de este año– y “contra quien resulte responsable”, constituye una demostración palpable de las mentalidades y acciones fascistas que pretenden imponerse en la sociedad mexicana.
Por José Steinsleger
En noviembre pasado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, solicitó al gobierno federal el retiro del plácet al susodicho embajador [Luis Camilo Osorio] por “coordinar las actividades en México de agentes colombianos encubiertos”.
Y vea usted. El 10 de abril apareció en un periódico capitalino un reportaje a plana entera, intitulado con grandes letras que decían: “Ubican a dirigente sindical como el nexo con las FARC”. Naturalmente, las fuentes del estoico chayotero que firma el brulote provenían de la famosa computadora atómica de Raúl Reyes, el abatido comandante de las FARC. ¿Quién era el vínculo con el tal “dirigente sindical”? ¡Acertó! Rosario Ibarra de Piedra…
Por Carlos Fazio
[Luis Camilo] Osorio, quien presentó sus cartas credenciales como embajador en México el 22 de noviembre de 2006, fue fiscal general de la nación entre 2001 y 2005, y está identificado por diversas instituciones humanitarias como uno de los principales encubridores de responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Durante su gestión, prácticamente nunca hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de homicidios colectivos y crímenes de lesa humanidad en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta, donde siempre aparecían vinculados los nombres de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.
Nota: retomamos este artículo de Carlos Fazio, escrito el 17 de junio de 2007, porque muestra la otra cara del embajador colombiano en México, Luis Camilo Osorio. Este personaje se ha encargado de filtrar a diversos medios de comunicación, información falsa y tendenciosa, con el objetivo de criminalizar las actividades de Lucía y sus compañeros fallecidos en Ecuador.
Por Rosario Ibarra y Edgar Sánchez
Agradecemos mucho las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido en estos días, especialmente del Frente Nacional Contra la Represión, con motivo de la campaña de la derecha y su gobierno para criminalizar la protesta social y la solidaridad internacionalista. En realidad esa solidaridad es más necesaria y debe dirigirse a la memoria de los mexicanos asesinados por el gobierno colombiano, así como con Lucía Morett y sus compañeros a los que quisieran presentar como delincuentes.
Por Jaime Martínez Veloz
La visita del presidente de Colombia Álvaro Uribe a México tuvo como propósito venir a convalidar y justificar la masacre de los jóvenes mexicanos en la selva ecuatoriana.
Sin más pruebas que los datos de una supuesta laptop de uno de los guerrilleros muertos en el bombardeo, con el cinismo y la caradura que lo han caracterizado, el carnicero colombiano en funciones de presidente de ese país acusó, juzgó y sentenció a nuestros compatriotas como terroristas, narcotraficantes y asesinos.
Editorial del diario La Jornada
En tanto no despeje y esclarezca los abundantes y graves indicios de responsabilidad criminal, de él y de muchos de sus colaboradores, el gobernante colombiano carece del menor margen de autoridad moral y de credibilidad para formular caracterizaciones ofensivas de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por las fuerzas armadas de Colombia en la incursión del primero de marzo contra un campamento de las FARC que se situaba en territorio ecuatoriano. Y, por supuesto, las profesiones de legalismo y espíritu democrático de Uribe resultan, a la luz de su turbio y escandaloso historial, plenamente inverosímiles.
Por José Steinsleger
Fuentes de inteligencia de mi archivo personal revelan que la credibilidad de los medios monopólicos de difamación decrece, conforme los pueblos optan por caminos distintos a los sugeridos por el torpe terrorismo mediático y el retorcido neomacartismo new age. […]
La “etica informativa” de varios medios impresos de la capital mexicana (es decir, la del gobierno de Colombia, o sea, la CIA) parecen copia perfeccionada de los que en 1968 satanizaron a la izquierda estudiantil, justificaron después la masacre de Tlatelolco y se pusieron a silbar cuando empezaron a desaparecer personas en el decenio siguiente.