La cita es en el Teatro F. Wagner del áera de teatros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria a las 19: 30 hrs.

La serie de funciones corre a cargo de la agrupación El Otro Teatro y está dirigida por Claudia Aguirre con el siguiente calendario:

• Miércoles 25 de noviembre
Instituto Técnico de Formación Policial. Camino al Desierto de los Leones # 5715, Olivar de los Padres. Deleg. Álvaro Obregón.
16:00 hrs.

• Jueves 26 de noviembre
Faro Milpa Alta.
Ubicado en Av. Dr. Gastón Melo Num. 40. San Antonio Tecomitl.
18:00 hrs.

• Viernes 27 de noviembre
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Auditorio F. Wagner
19:30 hrs.
Función dedicada a Lucía Andrea Morett.

• Domingo 29 de noviembre.
Alameda Central, Dr. Mora
13:00 hrs.

• Martes 1 de diciembre
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora y Av. Hidalgo
19:30 hrs.

• Miércoles 2 de diciembre UAPVIF
Parque Huayamilpas (Rey Nezahualcoyotl, esq. Yaquis, Col. Huayamilpas). Delegación Coyoacan.
16:00 hrs.

• Viernes 4 de diciembre.
Faro Indios Verdes.
Av. Huitzilíhuitl núm. 51, Col. Santa Isabel Tola
17:00 hrs.

• Sábado 5 de diciembre
Faro Tláhuac (ubicado en el interior del Bosque de Tláhuac).
Av. de la Turba s/n esq. Heriberto Castillo. Col. Miguel Hidalgo. Del. Tláhuac.
15:00 hrs.

• Martes 8 de diciembre.
Centro Cultural José Martí
Dr. Mora y Av. Hidalgo
19:30 hrs.

• Jueves 10 de diciembre
Faro de Oriente.
Calzada. Zaragoza s/n Col. Fuentes de Zaragoza,
entre metros Acatitla y Peñon Viejo.
16:00 hrs.

* En el aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras. Habrá actividades culturales e informativas y será retirada el martes 3 de noviembre.

* En Las Islas de Ciudad Universitaria. Se desarrollará una jornada de inormación y distribución de materiales.

2 de octubre de 2009, 07:27 PM

QUITO (AP) - La Corte Nacional de Justicia requirió más documentación antes de calificar si amerita pedir la extradición del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, acusado en Ecuador por el ataque a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.

“Solicité el pedido de extradición hace unos 15 días y no existe plazo para que se pronuncie la Corte”, afirmó el viernes a la AP Francisco Revelo, juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, donde se ventila el caso.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, manifestó en rueda de prensa que recibió una solicitud “bastante sencilla” por parte de Revelo, “que no tiene todos los requisitos y documentos necesarios”, para la extradición.
Afirmó que le pidió al juez que “complete la información necesaria” porque es “un asunto complejo… no es un asunto de un día para el otro”.
Consultado por el plazo requerido para responder si procede el pedido de extradición, respondió que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”.
En Bogotá, el presidente Alvaro Uribe, al ser consultado por la determinación del juez ecuatoriano, aseguró que su gobierno tiene “toda la determinación en la protección de nuestros funcionarios, de nuestro ex ministro de Defensa”.
Agregó que cualquiera de sus funcionarios recibirá la misma garantía y respaldo.
En el caso de que la Corte Nacional de Justicia considere que amerita pedir una solicitud formal de extradición, según el proceso regular, debe ser trasmitido a la Cancillería, que a su vez debe presentarlo ante Colombia.
Santos fungía como ministro de Defensa de Colombia cuando se dio la incursión de militares de su país sobre suelo ecuatoriano en marzo del 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como protesta por la operación, Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá.
El pedido de extradición se da en momentos en que los dos países mantienen un proceso de diálogo para buscar mecanismos que permitan reanudar las relaciones.
En ese marco, Colombia ha expresado su irrestricto respaldo a Santos y ha desconocido la “extraterritorialidad” de la justicia ecuatoriana.
Contra Santos existe en Ecuador un pedido de prisión emitido a finales de junio por un juez que investiga la incursión colombiana.
La fiscalía lo acusa de delitos contra la vida por las 25 muertes registradas en el hecho, incluida la del comandante de las FARC Raúl Reyes, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.
Revelo señaló en entrevista telefónica que envió el pedido porque “el fiscal encontró indicios de responsabilidad. Luego en la formulación de cargos se ordenó la prisión y como él es colombiano”, entonces procedía el pedido.
Con base a la orden de prisión, las autoridades ecuatorianas solicitaron a Interpol ubicar a Santos, pero esa oficina se negó a hacerlo aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar.

De lo publicado podemos resaltar que:

1. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el Dr. Vicente Troya, quien al amparo de la facultad que tiene, resolvió solicitar la extradición de Lucía Morett, hoy está poniendo en duda si existen elementos para solicitar a Colombia la extradición de su exministro de Justicia, Juan Manuel Santos, al decir que “hay que estudiar el caso una vez que reciba toda la información completa”. Extraña mucho esa actitud toda vez que es pública y confesa la responsabilidad y el papel protagónico de Santos en el ataque a Sucumbíos del 1 de marzo de 2008.
2. ¿A qué se debe que el Presidente de la Corte haya resueltamente decidido procesar a Lucía por su sola presencia en el lugar del bombardeo y no tenga la certeza de solicitar la extradición del exministro Santos quien dirigió el ataque militar contra Ecuador?
3. ¿Qué justicia puede haber en perseguir a quienes, como Lucía, claramente han sido víctimas de actos criminales y dejar de procesar a los ejecutores de los mismos?
4. Resulta de un cinismo grotesco la justificación del presidente Álvaro Uribe de no aceptar la “extraterritorialidad de la justicia ecuatoriana”, a la que le niega capacidad para juzgar a Juan Manuel Santos; mientras que él, por un lado, ha insistido en señalar como legítima la invasión a Ecuador y, por otro, estableció en su país, sin fundamentos verídicos, un proceso judicial contra Lucía Morett, que aplica, a su vez, criterios de extraterritorialidad, los cuales se han extendido hasta gestionar ante la INTERPOL la detención de Lucía.
5. La respuesta del Presidente de la Corte nos hace ver que en los procesos judiciales, por encima de las leyes y el estado de derecho, se imponen relaciones de fuerza e intereses políticos. No resultaría extraño que la actitud del funcionario ecuatoriano estuviera influida por el hecho de que el acaudalado ex ministro Juan Manuel Santos será el candidato de Álvaro Uribe para la presidencia de no conseguir éste la reforma constitucional para su reelección.
6. Por otra parte, la nota refiere la negativa que INTERPOL emitió ante la solicitud ecuatoriana de captura contra el ex ministro Santos, “aduciendo que según sus estatutos no podía involucrarse en asuntos de carácter político y militar”. El mismo precepto ha sido violado en el caso de la estudiante mexicana Lucía Morett al aprobar la INTERPOL una ficha roja en su contra, siendo que existen abundantes elementos que demuestran que se trata de un asunto eminentemente político.

* La máxima casa de estudios ha hecho lo que le correspondía en el caso, expresa Narro Robles *

Por: Ángeles Cruz y Emir Olivares

Publicado en La Jornada, sección Política, 3 de octubre 2009

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló que, si existen pruebas que involucren a la estudiante Lucía Morett en algún ilícito, que se presenten o, de lo contrario, que su situación se aclare debidamente.

Por separado, el abogado de la joven, Hugo Rosas, dijo que los derechos humanos y la seguridad de su defendida fueron vulnerados porque la ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol) se dio antes de que venciera el plazo de 90 días que tenían para presentar pruebas contra las acusaciones que hace el gobierno de Colombia.

En entrevista al término de la ceremonia en que se homenajeó al ex rector Guillermo Soberón Acevedo por su trayectoria, Narro recordó que en este caso la máxima casa de estudios ya ha hecho lo que le correspondía. “Hemos aportado información, nos pronunciamos y cuando los familiares nos han consultado” se les ha atendido.

Comentó que personalmente se ha reunido con los padres de Lucía Morett, “y lo haré cuantas veces sea necesario”. Respecto de la joven acusada por el gobierno de Colombia de delitos relacionados con el crimen organizado y terrorismo, Narro Robles mencionó que Lucía Morett es una “estudiante que ha estado concluyendo su ciclo y continúa con sus estudios”.

En conferencia, el abogado Hugo Rosas informó que a principios de junio se solicitó a la Interpol la revocación de la ficha roja contra Morett –solicitada por Colombia– debido a que “se trata de un asunto político y la normativa del organismo le impide participar en este tipo de casos”.

El litigante señaló que el plazo vence en la cuarta semana de octubre, por lo que censuró la publicación de esa categoría contra la única sobreviviente mexicana del ataque del ejército de Colombia contra un campamento que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en Ecuador, por el que murieron cuatro estudiantes mexicanos.

En la conferencia –donde se descartó una posible relación entre la joven y Ramsés Villarreal, detenido por presuntamente participar en ataques a diversas sucursales bancarias– también estuvieron María Jesús Álvarez y Jorge Morett, padres de Lucía, quienes solicitaron a la Interpol reconsiderar su actuación y tomar en cuenta que “no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucía está siendo injusta e ilegalmente perseguida, aun cuando no es ninguna infractora de la ley, sino una víctima”.

Agregaron que “no existen pruebas contundentes” que acrediten que su hija es responsable de delitos ligados al terrorismo y al crimen organizado –como se le acusa en Colombia–, sino que la persecución en su contra se trata de “propaganda que sólo busca la condena pública”.

Rosas informó que entre las pruebas que se presentarán ante la Interpol para que se revoque la circular roja destacan documentos notariados donde se acredita su no responsabilidad en los ilícitos que se le señalan y varios videos.

Entre éstos destaca el del interrogatorio al que fue sujeta en Ecuador, “donde hubo actos de tortura”, y otro de una reunión entre Guillermo Velasco Arzac –quien denunció a la universitaria ante la PGR– y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe “donde se entregan supuestas pruebas” contra Lucía.

El abogado recordó que al perseguir a Lucía la Interpol actúa contra su propia normativa, de que no puede atender asuntos de orden político.

Subrayó que el gobierno de Ecuador solicitó a la Policía Internacional detener al ex ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, quien junto con Uribe ordenó el bombardeo contra el campamento de las FARC, petición que fue rechazada con el argumento de que se trata de un caso “político”.

“Se trata de los mismos hechos pero con criterios distintos. ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?”, sentenciaron los padres de la joven, quienes recordaron que su hija “sólo es una víctima que no atentó ni infringió ley alguna ni la seguridad de ningún Estado”.

A la conferencia, convocada con el apoyo del Frente Nacional contra la Represión (FNCR) –que ayer cumplió dos años de su refundación– también asistieron la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el académico Enrique González Ruiz y otros miembros del FNCR.

El abogado y los padres de la joven informaron que ella se encuentra escondida en México debido a que las autoridades judiciales “no garantizan que no pueda ser detenida, aun cuando han señalado que no hay elementos en su contra”.

Aseveró que, aunque se ha solicitado a la PGR que se declare acción no penal contra su defendida, “nos comentan que no pueden porque están investigando, por lo que pedimos que la citen a declarar para que ofrezcamos pruebas de descargo. Nos dicen que no pueden porque no hay pruebas en su contra. Es por ello que la PGR está administrando el delito”, afirmó.

Rosas también explicó que la ficha roja no implica que la Interpol esté obligada a capturar a Morett, ya que para ello se necesita una orden de aprehensión librada por un juez mexicano . Recordó que existen cuatro procesos penales contra la estudiante: dos en México, uno en Colombia y otro en Ecuador.

Los gobiernos fascistas criminalizan la inteligencia,
mientras los verdaderos delincuentes pasean su impunidad por el planeta.

La Interpol actúa facciosamente

En el sitio de la Interpol apareció el 30 de septiembre del 2009 una “ficha roja” que contiene la imagen y otros datos de identificación de Lucía Morett Álvarez, lo que implica que se está pidiendo su detención en más de 180 países, a petición del gobierno genocida de Colombia, presidido por Álvaro Uribe Vélez. El hecho de que sea roja la ficha implica que se le considera persona altamente peligrosa.

Lucía es egresada de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y es una de las tres mujeres que salió con vida del bombardeo criminal que Uribe ordenó contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Sucumbíos ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas cuatro de nacionalidad mexicana: Soren Ulises Avilés, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Verónica Velázquez. En esa ocasión fue torturada por el ejército colombiano y presenció como éste ejecutó extrajudicialmente a otros sobrevivientes.

Para el régimen uribista, Lucía es pieza clave, en la medida en que está siendo utilizada para propiciar una segunda reelección del responsable de la matanza de Sucumbíos. Con ella se pretende compensar el enorme descrédito que acarrea a Uribe la firma de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el imperio opere siete bases militares en territorio colombiano.

La Interpol ya se había prestado a una jugarreta inmoral: “certificó la validez” de la información supuestamente encontrada en la computadora del comandante de las FARC Raúl Reyes. En esto se han basado las acusaciones contra Lucía Morett, dando carácter de “prueba judicial” a los reportes de los espías colombianos en México, en Ecuador y en otros países. Periodistas de la calaña de Jorge Fernández Menéndez los han adoptado y les atribuyen el valor de palabra divina.

Ahora, la Policía Internacional vuelve a hacer el juego a quienes persiguen a Lucía por razones de índole política y no jurídica. En contrapartida, el organismo dijo que nada puede hacer en relación a la orden de captura que pesa sobre el exministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, por los crímenes de Sucumbíos.

El complicado contexto geopolítico

El caso Morett está inmerso en la compleja problemática de la región andina, donde Estados Unidos despliega todo tipo de maniobras para impedir la consolidación de gobiernos alternativos a su modelo neoliberal. Con sus bases en territorio colombiano, amenaza a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia, que hoy en día constituyen el ejemplo para otras naciones del continente latinoamericano.

Ante el fracaso del ALCA, Norteamérica modificó su táctica de dominación. Ya no habla abiertamente de sus grandes planes continentales (aunque por supuesto los mantiene vigentes), sino que somete a cada país conforme va pudiendo. A Colombia lo está convirtiendo en una plataforma de agresión hacia sus vecinos, igual que Israel lo es para las naciones del Medio Oriente.

En la misma línea, para el Imperio es esencial descalificar las luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos. Por eso declaró a las FARC como “narcoterroristas” y les dedica una especial atención en sus medios informativos. La empresa de televisión CNN se encarga de presentarla al mundo como lo más negativo que pueda existir. Y Lucía fue encontrada en un campamento de ese grupo guerrillero.

Un acuerdo estratégico entre Calderón y Uribe

A partir de la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y su complemento llamado Iniciativa Mérida, el gobierno de México se ha subordinado por completo a la estrategia continental norteamericana. Esto trajo consigo una estrecha colaboración estratégica de Calderón con Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos políticos se asumen como peones del tablero estadounidense en América Latina.

Por ello, las acciones y omisiones de la administración federal (Secretaría de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la República, particularmente) son producto de decisiones planeadas y acordadas con sus aliados norteamericanos y colombianos. Se ha revivido incluso el llamado Plan Puebla Panamá, ahora con el nombre Plan Puebla Putumayo, para incluir e Colombia.

La tarea más urgente es echar abajo esa “ficha roja” de Interpol, obligando al gobierno mexicano a desestimarla.

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la masacre cometida en la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había un oscuro proceso en su contra en Bogotá y por el que se le acusa precisamente de lo mismo de lo que fue víctima (crimen organizado y terrorismo). Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”. Es tiempo de que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con los gobernantes colombianos están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos que se cometan contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida. Hoy el gobierno colombiano responsable de graves delito acusa a Lucía por las atrocidades que el mismo cometió incluso fuera de su país.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, de crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A quienes arrojaron las bombas o a quienes recibieron en sus cuerpos las esquirlas? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar a Lucía sus verdugos y pedir su encarcelamiento cuando pretendieron asesinarla? , qué legitimidad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre?

INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucia está siendo injusta e ilegalmente perseguida y que no es ninguna infractora de la ley, sino víctima. La circular de Interpol también vulnera las garantías de Lucía, porque la hace ver ya como culpable de una serie de delitos respecto a los cuales no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

Un aspecto más que refleja la absurda decisión de Interpol y en general el proceso que se le sigue a nuestra hija, es el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y su entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

Lucía Morett: ni peligrosa ni guerrillera ni terrorista ni delincuente. “Cuidado puede estar armada”, publica INTERPOL para construirle una imagen de violenta. La realidad es que Lucía es testigo de la masacre cometida el 1 de marzo de 2008 y víctima sobreviviente de los bombardeos, la tortura y de graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la ilegal invasión colombiana a Ecuador.

Lucía es una perseguida política a nivel internacional que no ha tenido la más mínima posibilidad de defensa en Colombia. Fue hasta el 3 de julio cuando se enteró que había en Bogotá un oscuro proceso en su contra en el que se le acusa de lo mismo de lo que ella fue víctima: crimen organizado y terrorismo, cuando ante los ojos del mundo está claro que el gobierno colombiano fue el responsable de cometer graves atrocidades incluso fuera de su país. Se trata del ladrón que grita “al ladrón, al ladrón”.

Demandamos que el Estado mexicano ponga un alto a esta situación. Por encima de sus afinidades políticas con Colombia están la verdad de los hechos y la obligación de proteger a los connacionales. Insistimos, las leyes obligan al Estado a actuar ante los delitos cometidos contra mexicanos en el extranjero y esto no ha ocurrido. En Sucumbíos se asesinó a cuatro estudiantes y se causaron lesiones a Lucía que le dejarán secuelas de por vida.

Entonces, ¿a quién se le puede culpar de crimen organizado, crimen internacional y concierto para delinquir con fines terroristas? ¿A los que arrojaron las bombas o a quienes recibieron las esquirlas en sus cuerpos? ¿Con qué legitimidad pueden juzgar y pedir el encarcelamiento de Lucía sus verdugos cuando ellos pretendieron asesinarla y cometieron delitos de lesa humanidad? ¿Qué autoridad tienen para hacerlo? ¿No corresponde la prisión a Álvaro Uribe y demás responsables de la masacre? Los crímenes contra los estudiantes Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, y Soren Avilés Ángeles no pueden quedar impunes.

Hoy estamos en el mundo al revés. Colombia como agresor se dice el ofendido y quiere procesar a su propias víctimas. La suerte que tuvo Lucía de sobrevivir al terrorismo de Estado colombiano y a sus ilegales acciones, ahora la está pagando con su persecución política. INTERPOL debe retirar la ficha roja que emitió en contra de Lucía ya que se trata de un asunto político que vulnera sus garantías y no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

La absurda decisión de INTERPOL se refleja en el hecho de que este organismo rechazó el pedido del Estado ecuatoriano de detener al exministro colombiano de defensa Juan Manuel Santos, quien es uno de los responsables confesos del ataque a Ecuador, aduciendo que “se trata de cuestiones políticas”. ¿Por qué estos dos raseros? ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?

Lucía ni infringió la ley ni atentó contra la seguridad de ningún Estado es por ello que no puede ser extraditada ni a Colombia ni a Ecuador. Basta ya de violentar sus derechos humanos. El Estado mexicano tiene mucho que hacer para garantizar que pueda ella, su familia y entorno volver a la normalidad. Uribe y los responsables de la masacre de Sucumbíos son quienes deben estar en la cárcel.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador.

Publicado en Rebelion.org, el 27 de septiembre de 2009.

¿Qué Lucía Morett es peligrosa y violenta?
¡Falacias de Álvaro Uribe!

Una petición inesperada

No hubiera extrañado a nadie que el gobierno de Colombia hubiese demandado la extradición de Lucía Morett Álvarez, porque se sabe de sobra que Álvaro Uribe realiza maniobras mediáticas para presentarla como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su presencia en el campamento de Sucumbíos durante el ataque del 1 de marzo del 2008, se maneja como “prueba” de esa pertenencia. Automáticamente, eso la convertiría en “terrorista” y “narcotraficante”.

La verdad es bien diferente: la joven egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es testigo, y por ello prueba viviente, de que los soldados colombianos que envío Uribe Vélez a invadir territorio ecuatoriano, ejecutaron extrajudicialmente a supervivientes del bombardeo que realizó la aviación del país andino, bajo la dirección de las fuerzas estadounidenses asentadas en la base de Manta. Para silenciarla, los culpables de –entre otras cosas- la muerte de 4 mexicanos (tres universitarios y un Politécnico) pretenden criminalizarla.

Pero la liebre saltó desde Ecuador. Es este país, que solicitó al gobierno de Felipe Calderón la extradición de Lucía, con el falaz argumento de que –con su presencia en Sucumbíos- atentó contra la seguridad del Estado ecuatoriano. Como si estar en un lugar donde se encuentre una guerrilla convierta a alguien en guerrillero.

De forma inexplicable, un gobierno progresista se prestó a validar la estrategia criminalizadora de Álvaro Uribe (quien pasea su impunidad por los 23 asesinados en el campamento de las FARC).

Una solicitud infundada

La petición de extradición se funda en un tratado firmado entre México y Ecuador, para el intercambio de delincuentes.
Usan las autoridades ecuatorianas dos argumentos para fundar su aseveración de que Lucía Morett atentó contra la seguridad de su Estado: a) estaba en un campamento de las FARC, al que no podía acceder una novata; y b) reconoció a los otros 4 mexicanos asesinados por el ejército de Colombia.

Con semejantes “probanzas”, la Corte de Justicia del Ecuador pidió la extradición. No se requiere ser abogado para darse cuenta de la falencia argumentativa y probatoria de semejante petición. Dijo Vicente Troya, presidente de la Corte, que ese tribunal se sujetaría estrictamente a Derecho, pero tal caso no ocurrió.

Por si lo anterior fuera poco, hay razones de fondo que hacen improcedente la extradición:

1.- Esa medida no procede tratándose de los delitos políticos. Aun en la hipótesis no aceptada de que fuese delictuoso asistir a una instalación guerrillera o que fuera ilícito hablar con un alzado en armas, eso tiene una clara connotación política. Clausewitz decía correctamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Así que la imputación a Lucía Morett tiene un carácter evidentemente político y eso hace improcedente su extradición.

2.- Siendo Lucía ciudadana mexicana, sufrió tortura por parte del ejército ecuatoriano para que “confesara” que conocía a Raúl Reyes, comandante de las FARC. El gobierno de México no podría extraditar a una nacional a un país donde podría volver a padecer la tortura.

3.- Más aún, Lucía Morett no se levantó en armas contra el Estado ecuatoriano; no se unió a un grupo que tuviere tal objetivo; no conspiró contra las instituciones de ese país; no actuó en nombre de un gobierno que fuere enemigo formal de esa nación; no espió a en beneficio de alguien que buscara desestabilizar a Ecuador. ¿Cómo entonces podría atentar contra la seguridad de ese Estado?

El gobierno mexicano incumple sus deberes legales

En la matanza de Sucumbíos se asesinó a 4 mexicanos y se causaron lesiones a Lucia Morett Álvarez. El gobierno de México –a diferencia del de Ecuador– no ha defendido a sus nacionales demandando al culpable confeso Álvaro Uribe Vélez y a sus cómplices ante la justicia internacional. Al contrario, abrió una averiguación previa en la PGR, con bases en incriminaciones que hacen quienes en la práctica funcionan como agentes al servicio de Colombia: Jorge Fernández Menéndez, Guillermo Velasco Arzac y Antonio Ortega.

En concordancia con esa línea, en lugar de desechar de plano la infundada petición de extradición que le hizo el Ecuador, decidió devolver a éste el expediente con la sugerencia de que “perfeccione” su demanda. Jugando indebidamente el papel de asesor de quienes quieren reprimir a Lucía Morett.

Una “comedia” de equívocos

Si no estuvieran en juego la libertad y la integridad de una brillante joven mexicana, diríamos que ésta es una comedia de equívocos:

a) La víctima es convertida en victimaria por la fuerza de la prensa al servicio del eje del mal: USA – Colombia – México.

b) Los reportes de los “orejas” colombianos son transformados en “pruebas indiscutibles”, al hacerlos pasar como documentos hallados en la computadora de Raúl Reyes.

c) El criminal confeso Álvaro Uribe Vélez se burla de los ecuatorianos “pidiéndoles perdón” sin el menor propósito de enmienda y sin mostrar remordimiento alguno por sus ilícitos.

d) El mismo ejército que salvo la vida de Lucía Morett, el ecuatoriano, la torturó (una parte de los soldados de este país “reportaba” a los militares estadounidenses).

e) La Corte ecuatoriana avaló una solicitud de extradición basada en “argumentos” como el de que es guerrillero quien está en un sitio donde está la guerrilla. Como si todos los que hemos ido a un panteón fuéramos muertos.

f) Atacan cobardemente a Lucía Morett, por ser generosamente solidaria, siniestros personajes como Jorge Fernández Menéndez, argentino que usufructúa los beneficios de la solidaridad del pueblo mexicano.

g) La Procuraduría panista de la República mantiene el filoso cuchillo de una investigación contra Lucía, con base en recortes de periódicos que los yunquistas Guillermo Velasco Árzac y Antonio Ortega le presentaron como pruebas.

h) Los padres de las víctimas de Sucumbías no han sido recibidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, ocupada en ceder porciones de soberanía nacional.

i) La alianza estratégica de Calderón con Uribe ha alejado a México de nuestros hermanos del sur y ha uncido la política exterior a la dictadura del imperio del norte.

j) Estados Unidos se atribuye abiertamente el “derecho” a operar bases militares en territorio latinoamericano, para “combatir al terrorismo” o sea a los sectores de la población y a los gobiernos del área que se oponen a sus políticas depredadoras.

k) Lucía Morett es perseguida, mientras Álvaro Uribe es recibido como Alto Dignatario.

La batalla será larga, pero al final triunfará la razón.

La Jornada 9 de agosto de 2009

En solidaridad con la estudiante Lucía Morett, sobreviviente del ataque del ejército colombiano contra un campamento de las FARC, el primero de marzo de 2008, un grupo de artistas realizará este domingo y lunes una jornada cultural con la que busca presionar a las autoridades mexicanas para evitar que sea extraditada a Ecuador.

Las actividades de este segundo encuentro en apoyo a Morett –el primero fue en junio– darán inicio hoy a las 13 horas en el tianguis del libro que se encuentra en Paseo de la Reforma, con una conferencia sobre el teatro de creación colectiva en América Latina, sobre la cual la estudiante escribió su tesis de licenciatura.

En la charla participarán el académico y crítico de arte Alberto Híjar; el investigador Felipe Galván, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Roberto Vázquez, director del colectivo teatral Utopía Urbana, y Jorge Sandoval, integrante del grupo Luz Negra Teatro.

Además de expresar su apoyo a Morett, los panelistas resaltarán la importancia del teatro de creación colectiva, corriente que surgió en Latinoamérica a partir de los años 60, y que tuvo en Cali su principal campo de acción, con Enrique Buenaventura.

La jornada continuará el lunes con una función especial de la obra Mujeres de arena, de Humberto Robles, a las 13 horas** en el Multiforo Ollin Kan.

Al término del montaje, que presenta testimonios reales sobre tres chicas asesinadas en Ciudad Juárez, se presentará el colectivo artístico Mujeres sin miedo, entre ellas Ofelia Medina, Begoña Lecumberri y Francesca Guillén.

**LOS ORGANIZADORES DE ESTE EVENTO HACEMOS LA ACLARACIÓN DE QUE LA OBRA DE TEATRO SE PRESENTARÁ EL LUNES 10 DE AGOSTO A LAS 17:00 HRS. EN EL MULTIFORO OLLON KAN (ANTES CINE TLALPAN), EN LA CALLE DE SAN FERNANDO, ESQUINA CON JUÁREZ, TLALPAN CENTRO.

CONFERENCIA: TEATRO DE CREACION COLECTIVA, UN TEATRO NECESARIO
Participan:

FELIPE GALVAN.
ROBERTO VAZQUEZ.
JOSE MANUEL GALVAN.
CLAUDIA AGUIRRE.
LUCIA ANDREA MORETT.

Lugar: Feria del Libro “Para leer en libertad” situada en Paseo de la Reforma esquina Av. Insurgentes, Centro Ciudad de México.

Domingo 9 de Agosto de 2009, 1 p.m.

FUNCIÓN TEATRAL: “MUJERES DE ARENA” DEDICADA A LUCÍA MORETT Y A LOS ESTUDIANTES MASACRADOS EN ECUADOR.
Teatro documental sobre los feminicidios en Ciudad Juaréz, Chihuahua

Participan:
EL OTRO TEATRO.
HUMBERTO ROBLES.
COLECTIVO MUJERES SIN MIEDO: OFELIA MEDINA Y BEGOÑA LECUMBERRI, ENTRE OTR@S.
GRUPO DE REGGAE NOGNES.

Lugar: Multiforo Ollin Kan (antes Cine Tlalpan) San Fernado esq. Juárez Col. Tlalpan Centro, Ciudad de México.
Lunes 10 de Agosto, 5 pm. Entrada Libre.

¡NO A LA EXTRADICIÓN DE LUCIA MORETT!